Francisco Espinosa
Aguascalientes, Ags.- Tras el reclamo de los padres de Andrea Noemí Chávez (17 años), quien fue asesinada en 2012 tras ser estrangulada y tirada en la carretera Agostaderito y el libramiento a Calvillo, luego de que los asesinos no tienen una sentencia definitiva que les dé un poco de tranquilidad, Juan Manuel Ponce Sánchez, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, explicó que hay varios casos como este (de carácter penal) “en los que el interés de la fiscalía es que avancen rápido, mientras la defensa presenta pruebas para desahogar y viceversa, lo cual nos alarga procesos”.
Recordó que por ley, los jueces están obligados a desahogar todas las pruebas que son presentadas. “Normalmente, en delitos de alto impacto, existen pruebas periciales de distintas naturalezas”, aunque matizó que estos problemas ocurrirían en el sistema tradicional, pero ahora, en la realidad penal, ha cambiado porque hay asuntos similares que en cinco meses han quedado concluidos”, explicó.
Avisó que en los cinco juzgados tradicionales penales todavía quedan 140 asuntos pendientes por resolver, número que ha ido bajando en los últimos meses. “Como medidas para acelerar tenemos el asegurarnos mediante sanciones la presencia de testigos, pero no mucho más. Somos conscientes de que una justicia retardada deja de ser justicia, pero estamos trabajando para que esto disminuya”, concluyó.