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Deberán pagar proporcionalmente los costos de operación de la Guardia Nacional con recursos de su presupuesto, los estados y municipios que requieran el apoyo para combatir los índices delictivos en su territorio, de acuerdo con el artículo 96 en el Título Sexto de la propuesta de Ley de la Guardia Nacional, enviada al Senado de la República por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Dicho artículo señala que “las entidades federativas y los municipios que reciban la colaboración de la Guardia Nacional aportarán proporcionalmente, con cargo a sus presupuestos, los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para sufragar parcialmente los costos de operación del personal de la Guardia Nacional destinado a dicha colaboración”.
Establece que los gobernadores y alcaldes también “se harán cargo de solventar los gastos de los hechos y situaciones derivados de las actividades de ejecución de los convenios de colaboración” y que el monto proporcional a aportar se establecerá mediante un convenio de colaboración que los mandatarios estatales y alcaldes de los municipios firmen con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Mientras que el artículo 98 en el Título Sexto sobre la Coordinación y Colaboración de la Guardia Nacional con las Entidades Federativas y Municipios, refiere que “los gastos no previstos, que se generen por caso fortuito o fuerza mayor, se cubrirán proporcionalmente por los gobiernos federal, de las entidades federativas y de los municipios”.
En tanto que el artículo 94, establece que los gobernadores y presidentes municipales se comprometerán, en el ámbito de su competencia, a aportar toda la información que se les solicite o con la que cuentan para el combate a la inseguridad; asimismo, agrega que “mantener el nivel de inversión en infraestructura, equipamiento y servicios públicos que resulten necesarios para enfrentar la amenaza a la seguridad pública”.
Y subraya que los estados y municipios estarían obligados a presentar informes de manera constante sobre el avance del programa de fortalecimiento de capacidades institucionales que se diseñe para cada caso particular.
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