Esperan ongs pro derechos homosexuales más firmeza de la CEDH

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Representantes de las asociaciones civiles VIHDHA, Red de Hombres Gay, Bisexuales y Transgéneros, REDefine Aguascalientes y Mexicanas en Acción Positiva, expresaron hoy su postura luego del (ligero) apoyo mostrado por Jesús Eduardo Martín Jáuregui, titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), quien recomendó una sanción al Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes (ISEA), además de la continuación de la campaña de prevención del VIH como estaba establecida en un principio.

Sin embargo, señalaron que el Ombudsman “dejó abierta la posibilidad de que se mantuviera el diseño que se colocó como reemplazo en donde se aprecia una pareja heterosexual”, declaró Luis Berdeja de la Red de hombres gay, bisexuales y transgénero. Asimismo, reconoció que el mismo Martín Jáuregui dio a conocer la posibilidad de ampliar la recomendación para solicitar que se reinstale la lona original, “lo que sinceramente esperemos que se realice”.

De no emitirse la nueva recomendación, manifestó que procederán “a solicitar la revisión respectiva tanto a nivel local como nacional pues insistimos en que el acto de retiro es homofóbico e incluso podría adquirir carácter penal pues al ser una acción consumada pasaría a ser un delito de discriminación, además de la responsabilidad de servidores públicos que hicieron mal uso de recursos federales.”

Dejó claro que este tipo de campañas “se basan en aspectos científicos que no tiene nada que ver con ideologías”, finalizó.

Por su parte, Susan Muñoz, activista Trans condenó “las violaciones de derechos humanos que están sufriendo hombres y mujeres Trans, incluidos travestis, transgéneros y transexuales.”. Indicó que en Aguascalientes “somos decenas de personas las que buscamos que se reconozca nuestro derecho a la identidad tanto en nombre como en género, tal como se hace en la Ciudad de México y en otros países”.

Informó que han sido muchas las personas que han enfrentado la batalla legal de ser conocidos y conocidas por el apelativo que más deseen, “así como vivir en la identidad de género que queramos, independientemente de nuestro sexo genital de nacimiento y de nuestra orientación sexual (…) tengo derecho a llamarme Susan, así como uno candidato que se le conoce por su apodo”.

Apuntó que si bien existen algunos que han tenido la suerte de adquirir un amparo que les permita expedir una nueva acta y documentos de identidad correspondientes, “existen casos en los que se les pide anuencia a los padres pese a ser mayor de edad, dictámenes psicológicos que determinen trastornos a pesar de que se ha avanzado en eliminar el calificativo de enfermedad, así como innumerables trámites adicionales”.

Puso de ejemplo que el Ministerio Público le negó al Registro Civil hacer las anotaciones marginales correspondientes a la inscripción de su nacimiento hasta no demostrar que se ha sometido a una intervención quirúrgica de reasignación de sexo. “El género masculino o femenino es una construcción social que está en la cultura y en la mente como modo de vida, no en ciertas partes del cuerpo. ¿Merecemos ser definidos como el joto vestido de mujer, marichamo u otras peores?, cuestionó.

Dijo que están al tanto de que, entre los asuntos pendientes del congreso del estado, existe una iniciativa para el reconocimiento de lla identidad sexo-genérica que tras la modificación del código civil les proporcionaría “la seguridad legal que nos merecemos y ayudaría a que dejaremos de ser uno de los grupos de población más discriminados y sujetos a violencia de crímenes de odio, así como más susceptibles a infecciones de transmisión sexual y la muerte temprana”.

Apuntó que se deben dictaminar las iniciativas de varios partidos políticos para que en el estado, como ya lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y recomendado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “se legisle el matrimonio igualitario pues gays, lesbianas, bisexuales, intersexuales y trans no somos ciudadanos y ciudadanas de segunda, porque queremos, con nuestras parejas, el derecho a los alimentos, la seguridad social, construcción y herencia de un patrimonio en común, así como a cuestiones funerarias entre otras más”.