La Jornada
México, DF. La empresa minera mexicana Grupo México, presidida por Germán Larrea, se encuentra en medio de una presunta trama de corrupción en Andalucía, relacionada con la concesión, al parece irregular, de la explotación de la mina de Aznalcóllar, en el conocido como el Corredor de la Plata.
Según un tribunal andaluz, la sociedad formada por Grupo México y la empresa española Magtel logró la explotación del yacimiento para los próximos 30 años sin cumplir “ni uno sólo de los requisitos establecidos en el procedimiento”, por lo que se investigan trato de favor, sobornos y otros delitos, como prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal.
La región de Aznalcóllar, al noroeste de la provincia de Sevilla y una de las zonas con más desempleo de España, vivió en 1998 una de las peores tragedias medioambientales en la historia reciente de España. Un vertido tóxico, procedente de la mina, entonces explotada por la sueca Boliden, provocó cuantiosos daños y afectó a más de cuatro mil 700 hectáreas de una de las zonas más protegidas en términos medioambientales del país, el Parque Nacional de Doñana.
El derrame de residuos tóxicos -arsénico, cobalto, cromo, cobre, mercurio, manganeso, níquel, plomo, estaño, uranio y zinc-, del que todavía quedan vestigios en el suelo y el subsuelo, provocó el cierre de la explotación minero.
Desde entonces, el sector de la minería en la región está paralizado, y se han estudiado diversos mecanismos para sustituir una actividad tan arriesgada para el medioambiente y reducir así el desempleo en la región.
En marzo de 2013, la junta de Andalucía -gobernada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE)- anunció la apertura del procedimiento administrativo para reabrir la explotación de la mina. Fue una decisión consensuada con los alcaldes de la región, ávido de llevar inversión a sus pueblos ahogados por el desempleo, pero que despertó la alerta en las organizaciones ecologistas, máxime cuando más de 17 años después del desastre ecológico la empresa sueca Boliden sigue sin pagar los daños -que sólo de limpieza del entorno se ha valorado en 89 millones de euros (mil 424 millones de pesos).
El 16 de marzo pasado se publicó finalmente la adjudicación de la explotación de la mina, que recayó en la nueva sociedad formada por Magtel -una empresa andaluza con fuertes vínculos al gobierno regional y al PSOE- y Grupo México, que entró como el socio de referencia al aportar los 95 millones de euros que se necesitaban para iniciar las labores de explotación y para darle solvencia a largo plazo. La adjudicación fue de 30 años.
Sólo dos meses después de adjudicada la explotación, el juzgado de instrucción número 3 de Sevilla emitió un auto en el que puso de manifiesto el cúmulo de irregularidades en el proceso de adjudicación: “No se observa el más mínimo rigor en la actuación de la Administración”, sobre todo en lo relativo al cuidado medioambiental, además de abrir una investigación por tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y negocio ilegal, que afectaría tanto a la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asencio, como a los responsables de la empresa creada por Larrea y sus socios andaluces.
La magistrada advierte que la empresa de Larrea no debería ni siquiera haber superado la primera fase del procedimiento de adjudicación, una vez que no presentó el informe de capacidad técnica y financiera avalado por la Oficina Consular, tal y como se reclamaba en los estatutos. Tampoco presentaron el seguro de importe mínimo de un millón y medio de euros ni las cuentas del Registro Mercantil para conocer el capital social de la nueva sociedad.
Ante la gravedad del auto, la nueva presidente de Andalucía, Susana Díaz, decidió suspender la concesión hasta que se aclaren los hechos. Más aún, los medios de comunicación españoles han informado y destacado la actuación de Grupo México en la contaminación en el estado de Sonora, México, donde la minera Buenavista del Cobre, propiedad de Larrea, es responsable del vertido de más de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales pesados, muy dañinos para la salud y el ecosistema.
En cualquier caso, la concesión estará suspendida hasta que se aclare tanto el procedimiento de adjudicación como las numerosas insuficiencias en el proyecto de explotación presentado por la empresa de Larrea.
Al margen de la opinión del juzgado, el gabinete jurídico de la junta emitió un informe en el que determina que las actuaciones y la resolución del concurso internacional sobre la explotación minera de Aznalcóllar “se ajusta a derecho”.
Mientras que desde Ecologistas en Acción y Greenpeace tildan de “opaca”, “chapucera” y “peligrosa” la concesión al grupo de Larrea, al sostener que “la minería es una actividad predadora y colonizadora que impide que haya una reconversión industrial en la zona”.
El escándalo ha obstaculizado la investidura de la socialista Susana Díaz como presidenta de la junta de Andalucía, y este jueves al fracasar un tercer intento en el que el derechista Partido Popular gobernante en el país) y los partidos emergentes Podemos y Ciudadanos votaron en contra.