Gabriel Soriano
Aguascalientes, Ags. – Cynthia Alejandra de la Riva Muñoz, gobernadora estatal de pueblos indígenas en la entidad, expuso la compleja realidad que enfrentan las comunidades indígenas en el estado, particularmente en relación con la esclavitud moderna y el trabajo forzado, afirmó durante su primer rueda de prensa como representante
Según cifras oficiales compartidas por De la Riva Muñoz, el censo estatal estima que hay alrededor de 8 mil indígenas migrantes en Aguascalientes. Sin embargo, solo 80 personas han sido registradas formalmente en el padrón estatal. “Es un trabajo arduo.
Lo hemos hecho con acercamiento y de manera estructurada y legal, respetando siempre las decisiones de las personas. Pero sabemos que hay muchas más personas que no se han integrado debido a situaciones externas que las afectan profundamente”, señaló.
La líder destacó que muchas de estas personas se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema. Enfatizó que un número significativo está bajo sistemas de explotación laboral. “Vivimos tiempos en los que hay un nivel de esclavitud disfrazada. Hay muchísima gente trabajando bajo personas que los están obligando, y en vez de ayudarlos, podríamos perjudicarlos si no actuamos con cuidado”, lamentó.
Además afirmó que este tema sí esta siendo atendido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos tanto nacional como estatal, aunque señaló la necesidad de establecer estrategias para atender esta problemática sin agravar la situación de quienes ya enfrentan coacción o amenazas. “Es un tema delicado. Nos hemos asesorado con expertos en derechos humanos. Aquí en Aguascalientes están haciendo un gran trabajo, pero es un proceso complejo. Hay que ser prudentes porque cualquier acción mal planeada puede tener consecuencias graves”, explicó.
Finalmente, reconoció que la situación en Aguascalientes, aunque menos grave que en otras entidades, no está exenta de dificultades. Hizo un llamado a la sociedad y las autoridades para abordar estas problemáticas con sensibilidad y compromiso, buscando garantizar la dignidad y los derechos de las comunidades indígenas migrantes en el estado.