Redacción
Aguascalientes, Ags.- Por unanimidad de los legisladores integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Aguascalientes, fueron aprobados dos dictámenes en materia civil sobre iniciativas presentados por diputados de los grupos parlamentarios del PRI-PVEM y del PAN.
En primera instancia, los diputados Luis Fernando Muñoz López, Leonardo Montañez Castro y Rosa Elena Anaya Villalpando, analizaron las iniciativas de reforma y adiciones al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Aguascalientes, presentadas por los representantes populares Anayeli Muñoz Moreno, Gilberto Gutiérrez Gutiérrez y Mario Alberto Álvarez Michaus.
De manera general, las propuestas tienen por objetivo agilizar y mejorar el procedimiento de solicitud de alimentos (dotación de víveres, educación, transporte, vestuario, asistencia médica, etc.), adicionando la modalidad de solicitud por comparecencia ante un juez, así como la dotación inmediata provisional, en lo que se define una pensión fija.
Posteriormente, procedieron a la revisión del dictamen que resuelve la iniciativa de reforma y adición al Código Civil del Estado de Aguascalientes, presentada por la diputada Norma Adela Guel Saldivar, cuyo objeto es adicionar causales de pérdida y suspensión de la patria potestad, para garantizar la protección de los derechos de los menores, así como la tutela de su desarrollo personal.
Entre las nuevas causales propuestas está la pérdida de la patria potestad cuando quien la ejerza sea condenado por algún delito doloso siempre y cuando se acredite una afectación al interés superior del menor; cuando obligue a los menores de edad a realizar la mendicidad, trabajo forzado o cualquier otra forma de explotación; cuando permita o tolere que otras personas atenten contra la seguridad e integridad física, emocional o sexual de los menores y por el incumplimiento reiterado de las determinaciones judiciales que se le hayan ordenado.
Asimismo, se contemplan nuevos supuestos para suspensión de la patria potestad, siendo las siguientes: Cuando quien la ejerza se encuentre privado de su libertad personal, o sea con motivo de tramitación de un proceso penal, o bien, por condena a pena de prisión; por disponer de los bienes del menor sin autorización judicial; por negar o no permitir que se lleven a cabo las convivencias fijadas por autoridad competente o mediante convenio judicial, y cuando en una resolución judicial firme, se determine la existencia de alienación parental, respecto al progenitor que la haya generado.
Para finalizar, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Luis Fernando Muñoz López, enfatizó la importancia del trabajo legislativo en resguardo del interés superior de la infancia y en general de la familia, al perfeccionar los mecanismos por la vía civil que permitan garantizar los derechos de todos los ciudadanos.