Sin Embargo
CDMX.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha recomendado a México en más de una ocasión implementar una “segunda ola de reformas estructurales” para aumentar la productividad y el crecimiento mediante políticas educativas y laborales. Sin embargo, las primeras reformas, que prometían ser el sello de esta administración, no han logrado hacer espuma. La economía del país no creció más e incluso comienza a desacelerarse.
El Salinismo (1988-1994) dejó una marca clara: se privatizó Teléfonos de México (Telmex), las carreteras y las aerolíneas, el sector siderúrgico (Altos Hornos de México), los seguros, las cadenas hoteleras, los medios de radiodifusión (Imevisión dio lugar a TV Azteca) y la banca. Además, se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá, lo cual eliminó todos los aranceles al comercio trilateral.
El Foxismo (2000-2006), también dejó su huella: se inauguró la Biblioteca José Vasconcelos, con un costo de más de 2 mil millones de pesos. Sin embargo, esa que fue la máxima inversión en infraestructura de ese sexenio tuvo que cerrarse por un tiempo debido a fallas en la construcción y en la seguridad para los visitantes.
Además, a pesar de que no se implementó una Reforma Energética, los altos precios del petróleo que superaban los 50 dólares por barril permitieron que los ingresos petroleros tuvieran una tasa media de crecimiento anual del 10.3 por ciento, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP). El dinero se destinó a las reservas internacionales y a los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Durante el Calderonismo (2006-2012), se comenzó la construcción de El Puente Baluarte, ubicado en un tramo de la carretera Durango-Mazatlán y surgió la polémica Estela de Luz, en el marco de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia, cuyo costó se elevó a mil 035 millones de pesos y se inauguró con retraso hasta el 2012.
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción calificó como obras emblemáticas del sexenio el Túnel Emisor Oriente, que va del Valle de México a Tula, Hidalgo; la Presa La Yesca, en Jalisco, y la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, la cual contó con recursos del Gobierno Federal.
Mientras, durante los tres años y ocho meses del Gobierno de Enrique Peña Nieto, los proyectos –salvo la línea 2 del Mexibús y la segunda parte del Viaducto Bicentenario– se descarrilaron. Y de las reformas, su gran apuesta, siguen sin brotar los resultados esperados. México no se expandirá más del 2 por ciento este año en comparación con el 2.5 por ciento del año pasado y definitivamente no llegará al 5 por ciento prometido por el mandatario.
LAS OBRAS DESCARRILADAS
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El Presidente Enrique Peña Nieto estimó inversiones millonarias para la construcción de trenes y ampliaciones de metros ya existentes. Pero en el camino se fueron cancelando, incluyendo el polémico Tren de Alta Velocidad México-Querétaro y otros no han terminado de construirse.
En enero del año pasado, el Gobierno federal anuló el gran proyecto del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro que planeaba una inversión de 43 mil 580 millones de pesos, pero al final tuvo que pagar 20 millones de pesos al consorcio chino encabezado por la empresa China Railway Construction por gastos no recuperables.
De acuerdo con el entonces Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, la cancelación del emblemático tren fue parte del ajuste al gasto público de 2015. Sin embargo, en el consorcio para su implementación participó la Constructora Teya, filial de Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, quien se vio envuelto meses antes en el escándalo de la “casa blanca” y de la residencia en Malinalco.
Asimismo, la implementación de su proyecto más ambicioso, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), se ha enfrentado con la oposición del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de Texcoco y San Salvador Atenco, que lucha contra el despojo de sus terrenos y cultivos.
A pesar del incremento en su presupuesto a más de 180 mil millones de pesos, de acuerdo con el primer Informe Trimestral de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el avance de la obra está en 2.53 por ciento, a más de un año de haber iniciado la fase de construcción, planeada para 2015-2020.
Además, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) expuso en un documento que el Lago de Texcoco impide inundaciones en la época de fuertes lluvias, por lo que el proyecto también implica un riesgo ambiental.
En enero el gobierno también revocó el Tren de pasajeros a Quintana Roo, por lo que se perdieron 17 mil 954 millones de pesos y en el país sigue existiendo solo el ferrocarril “El Chepo” que recorre la Sierra Tarahumara.
La construcción del tren Interurbano México-Toluca, el cual conectará a la capital mexiquense con el poniente de la Ciudad de México, terminará a finales de 2017, según estima la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
De igual forma, la línea 3 del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en Guadalajara, con una inversión por 20 mil millones de pesos, comenzará a operar en octubre de 2017. Las empresas Alstom y OHL ganaron la licitación.
Sin embargo, el objetivo de ampliar la línea A del Sistema de Transporte Colectivo (SCT) Metro de La Paz al municipio mexiquense de Chalco está parado a pesar de la presión del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa.
Por su parte, la construcción de la línea 3 del metro de Monterrey, Nuevo León, tuvo que suspenderse por problemas de financiamiento con el Banco Nacional de Obras (Banobras).
LAS REFORMAS SIN ESPUMA
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Los beneficios que se estimaban cosechar con las reformas Educativa, Energética, Fiscal o de Telecomunicaciones no se han reflejado en la economía del país y por lo tanto, tampoco en la de las familias. La cabeza detrás de varias de ellas, Luis Videgaray Caso, también se ha hundido.
La implementación de la reforma educativa, desde 2013, se ha enfrentado contra una fuerte oposición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado (CNTE), por lo que miles de maestros han sido amenazados con el despido si no dan clase, sobre todo en Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero. Tan sólo en el inicio de este ciclo escolar tenían planeado despedir a mil 900 maestros, anunció el Secretario Aurelio Nuño.
También, a la par de múltiples diálogos entre el magisterio y el Gobierno federal, han habido marchas en diversas entidades, manifestaciones incendiarias, bloqueos de carreteras y plazas comerciales, pérdidas millonarias del sector empresarial, demandas de los empresarios contra el Gobierno y al menos nueve muertos durante un desalojo en Nochixtlán, Oaxaca.
Ninguno de los dos frentes cede. Los profesores argumentan que la Reforma no es educativa sino que pretende afectar sus derechos laborales. Las autoridades, por su parte, aseguran que busca una educación de calidad mediante la evaluación de los docentes.
Respecto a la Reforma Energética, la semana pasada el titular de Pemex, José González Anaya, aseguró durante su participación en el foro de la revista The Economist que los resultados “requieren tiempo”.
Esta reforma aspiraba a ser la joya de todo el paquete. El Gobierno planteó objetivos ambiciosos. Uno es que los recibos de la luz y del gas llegaran más bajos a los hogares mexicanos. El otro, incrementar la producción petrolera y de gas para 2018 y, además, rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Ninguno de ellos, hasta el momento, ha ocurrido.
La reducción en las tarifas de electricidad vendrá por ahí de 2019, estimó César Hernández, subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía.
En seis años México duplicará el número de kilómetros de ductos de gas para aumentar su suministro a los hogares mexicanos. Un gas natural con un menor precio también reduce la tarifa eléctrica, por lo que podrá cumplirse la promesa de recibos de la luz más baratos, estimó Hernández.
Pero los ductos terminarán de construirse en 2018 y la segunda licitación de la CFE para obtener generadores eléctricos concluirá en 2019, por lo que la reforma “rendirá frutos en dos o tres años”, calculó César Hernández.
Además, el aumento en la producción petrolera es una meta inalcanzable por la caída en los precios del petróleo, lo cual ha disminuido el interés de la inversión privada que ha participado en las subastas de bloques de extracción de crudo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima que para el próximo año se producirán mil 928 millones de barriles al día, la peor en 80 años, y se exportarán 750 mil barriles diarios.
Cada uno de esos barriles se venderá en un promedio de 42 dólares, 8 dólares menos que en 2015.
Esta débil producción ha llevado al país a importar más derivados del petróleo que el crudo que exporta: en el primer semestre de 2016 importó 742 mil 300 barriles diarios de productos petrolíferos, gas natural y petroquímicos en comparación con los 200 mil 800 barriles diarios que exportó en el mismo periodo del año previo, de acuerdo con datos de Pemex.
Derivado de la caída de los ingresos petroleros, ante los bajos precios del oro negro y aunado a su estancada producción, el Gobierno lanzó la Reforma Fiscal y Hacendaria.
Uno de sus elementos fue el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), gravamen que Hacienda aplicó a productos con alto contenido calórico para “reducir” su consumo y con ello la obesidad (algo que no ha ocurrido, pues los mexicanos continúan comprando refresco y cigarro pese a su encarecimiento). Además, el impuesto también se vio reflejado en los recientes gasolinazos de los últimos tres meses.
La llegada de nuevas gasolineras y la liberación del precio de la gasolina conforme al mercado internacional está en proceso. Hasta el momento, al país sólo ha arribado la empresa estadounidense Gulf, y las firmas mexicanas, Hidrosina y OXXO Gas, sólo han instalado alrededor de 700 estaciones frente a las más de 11 mil gasolineras que ha concesionado Pemex.
El otro fracaso de la Reforma Fiscal fue el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) cuyo objetivo era reducir el número de personas en la informalidad. Sin embargo, en julio pasado el 57.1 por ciento de la población trabajaba en el sector informal (sin seguridad social ni pensiones).
El Presidente Peña Nieto tiene poco más de dos años para no pasar a la historia como el sexenio sin su propio sello.