Sin Embargo
Ciudad de México.– El diagnóstico del Gobierno federal sobre desconfianza ciudadana en las instituciones es preciso: en México, sólo uno de cada cien delitos recibe castigo, el 49 por ciento de la población asume que las leyes no se cumplen y hasta un 62 por ciento considera nulo el combate a la corrupción.
Publicadas el 30 de abril de 2014, las cifras forman parte del decreto que crea el Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia que, entre otros objetivos, pretende “recuperar la confianza de la población en las instituciones”; definida ésta como los “niveles mínimos” de credibilidad en quienes representan al Gobierno y que pueden mejorar a través de “la comprobación de los valores democráticos”, el combate a la corrupción y a la impunidad.
El programa fue calificado como una “grata sorpresa” por organizaciones de la sociedad civil que, a partir del aumento en los homicidios y la violencia en el sexenio anterior, empezaron a pugnar por políticas públicas no sólo de contención sino de prevención de la criminalidad y de sus causas estructurales.
Y así, reportaron las organizaciones en un pronunciamiento reciente, ofrecieron su experiencia al entonces encargado del programa –el hoy Subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián– e incluso notaron cómo varias agrupaciones con influencia en la política de seguridad “dura” empezaron a transitar al paradigma de la prevención.
“Teníamos esperanza en la construcción de una capacidad estatal tan necesaria y urgente para revertir la expansión de la cultura de la guerra, de la violencia, de la corrupción, de las complicidades y de la impunidad”, dijeron representantes de medio centenar de organizaciones de la sociedad civil en un comunicado del pasado 17 de septiembre.
En 2015, sin embargo, las expectativas se cruzaron con la elección para renovar el Poder Legislativo, proceso en el que el Partido Revolucionario Institucional participó en alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y, entre ambos, obtuvieron 249 de las 500 posiciones en la Cámara de Diputados.
El Verde, a su vez, fue campeón en materia de violaciones a la Ley Electoral. En esa campaña, de acuerdo con lo que documentaron diferentes denuncias ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y se advirtió por todo el país, el Verde trató de comprar el voto con más de 10 mil tarjetas electrónicas para descuentos en establecimientos comerciales; difundió sus propuestas fuera de tiempos legales en radio, televisión, cines, lugares fijos e incluso en papel para envolver tortillas, mientras que empleados de Televisa y TvAzteca, protagonistas de varios de los spots del partido, tuitearon a favor de éste incluso el día de la elección, el 7 de junio.
El partido fue multado en diferentes ocasiones y por diferentes motivos –en marzo se le impuso una de 67.1 millones de pesos por sostener su campaña de anuncios en cine–, pero sin más consecuencias que las económicas. Un mes después, en Chiapas, y también con una intensa campaña ilegal de reparto de despensas, playeras y demás dádivas, el Verde se quedó con la mayoría del Congreso local y 59 de las 122 alcaldías en disputa.
La buena racha continuó el 7 de agosto, cuando el Instituto Nacional Electoral rechazó por mayoría de votos una petición ciudadana que buscaba la cancelación de su registro; decisión que, a su vez, había rehusado analizar previamente el Tribunal Electoral.
EL CASO ESCOBAR, UN BUMERANG
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El premio más polémico, sin embargo, llegó el 9 de septiembre, cuando el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que el nuevo Subsecretario de Prevención Social del delito era, precisamente, Arturo Escobar y Vega, representante legal del Verde durante la elección.
Con el cargo, el Gobierno federal puso en manos del probable principal violador a la Ley Electoral en 2015 el Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, junto con dos mil millones de pesos anuales destinados a proyectos en las regiones más afectadas por el crimen organizado, como Chihuahua, Tamaulipas o Michoacán.
“Estamos logrando ganar frentes en diferentes regiones”, dijo Osorio Chong el 9 de septiembre, al presentar a Escobar al frente de la Subsecretaría. “Estamos, lo vuelvo a decir, con una circunstancia diferente en La Laguna, Durango, Coahuila, en Nuevo León, en Chihuahua, en Tamaulipas, en San Luis Potosí, en Veracruz, en Michoacán, en Sinaloa, y seguimos trabajando en Guerrero y en otras entidades”, agregó Osorio.
El nombramiento fue considerado un premio por parte del Gobierno federal a la secuencia de ilegalidades cometidas por su principal aliado durante el proceso electoral y, también, a la impunidad del Partido Verde. En su pronunciamiento, las organizaciones recordaron que se trataba de un político que, como Senador, en 2009 fue sorprendido en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez en posesión de una maleta cargada con 1.1 millones de pesos en efectivo. Era también, hicieron notar, sujeto de las tres averiguaciones previas abiertas en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) por los actos ilegales de las campañas políticas y, además, hermano del contratista que participó en la difusión de los mensajes en cine.
“Arturo Escobar es la antítesis del funcionario que se requiere para un programa tan complejo como el de Prevención del Delito y la Participación Ciudadana”, advirtieron en un comunicado del 17 de septiembre.
“Arturo Escobar y el PVEM representan la cultura de la ilegalidad, el clientelismo, el oportunismo y el desprecio por la vida, la justicia y la libertad. Han promovido medidas autoritarias como la pena de muerte, la cadena perpetua y la reducción de la edad penal”, agregaron.
Como otra muestra de repudio, las organizaciones –varias involucradas en los programas de prevención social– rompieron incluso relaciones con la Subsecretaría, realizaron una clausura simbólica de la sede de la dependencia y lanzaron una petición en la plataforma Change.org para que se revocara el nombramiento.
“El mensaje que manda el Presidente es que un pacto de impunidad está presente”, insistió Carlos Cruz Santiago, integrante de Cauce Ciudadano, en una conferencia de prensa de octubre. “No es posible que quien rompió la Ley tenga ese cargo. Ese mensaje dice que no importa si eres criminal, si cometes un delito puedes pertenecer al Gobierno”, agregó el activista.
Abogado, ex asambleísta por el Distrito Federal, ex Diputado y ex Senador, Escobar es también cercano al Presidente Enrique Peña Nieto, que fue incluso testigo en su boda, en 2007. Otro vínculo en el poder es Manlio Fabio Beltrones, presidente nacional del PRI y cuyo yerno, Pablo Escudero Morales, es también Senador por el Verde.
Y pese a las críticas, el Gobierno federal lo mantuvo en el cargo, por lo que Escobar se dedicó a recorrer regiones del país para encabezar eventos relacionados con temas como el combate a la delincuencia, el fortalecimiento del tejido social y la cultura de la legalidad.
“El Gobierno federal ha decidido, por instrucciones del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, desplegar una nueva forma de entender la delincuencia”, dijo Escobar el 20 de octubre, al formalizar un convenio con el Consejo Mundial de Boxeo.
“MAFIA POLÍTICA”
Jorge Emilio Foto: Cuartoscuro
Jorge Emilio González Martínez, “El Niño Verde e hijo del fundador del partido, con su aliado Arturo Escobar. Foto: Cuartoscuro
Las denuncias interpuestas durante la campaña por Acción Nacional y PRD ante FEPADE –cuyo titular es el primero que no es nombrado por el Poder Ejecutivo, sino por el Senado– fueron consignadas el 25 de noviembre, cuando la PGR solicitó una orden de aprehensión contra Escobar por haber firmado los contratos con la empresa que distribuyó las tarjetas electrónicas.
Escobar anunció entonces su retiro temporal del cargo, pero no renunció formalmente ni el Gobierno federal le ordenó la salida. Más aún, diez días después, el Juzgado Undécimo de Distrito negó la orden de aprehensión con el argumento de que la Fepade había imputado a Escobar un delito diferente –destinar aportaciones de dinero– al denunciado.
Para opositores, analistas y representantes de la sociedad civil, sin embargo, la decisión, más que técnica, fue resultado de una intervención por parte del Gobierno federal y del PRI a favor de su aliado. Tales presiones, dijeron políticos de oposición y analistas, incluyeron una denuncia por parte de Escudero contra el fiscal Santiago Nieto por haber difundido la consignación, así como una serie de artículos que reportaron un contrato de asesoría al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y no declarado por el hoy acusador de Escobar.
Los senadores que lo eligieron como Fiscal, sin embargo, defendieron su decisión destacando que había sido mayoritaria y que las denuncias, dijeron en conferencia de prensa, eran una “cortina de humo” para distraer la atención sobre el fondo de las ilegalidades cometidas por el Verde.
“Nos parece muy importante expresar nuestra solidaridad con una biografía de prestigio, que para nosotros está muy por encima de esta intriga y de esta estrategia mediática que trata de descalificar a una persona que acreditó en el Senado de la República los requisitos fundamentales que pidió la convocatoria: experiencia en la investigación, en la persecución, en la sanción de delitos electorales, que es la experiencia que precisamente solicitaba la convocatoria y que cubrió el hoy Fiscal”, dijo el Senador panista Javier Corral Jurado, también uno de los denunciantes ante la Fiscalía.
Las descalificaciones, sin embargo, pudieron haber tenido efecto en la decisión de la Juez que negó la orden de aprehensión, consideró Carlos Cruz en entrevista.
“Eso es lo delicado, que la forma en la que han intentado desprestigiar al fiscal, por ejemplo, para el fiscal es desprestigio, pero para la juez es una amenaza. Y esas son las formas mafiosas que tienen”, dijo Cruz en entrevista.
La permisividad ante las conductas ilegales del Partido, además del círculo de impunidad, mostró otras deficiencias institucionales. Una de ellas, dijo Cruz, es la ineficacia de una ley electoral que impone multas menores a los beneficios que obtienen quienes, como el Verde, violan la ley, por lo que pueden pagar y volver a cometer delitos. También, dijo el activista, mostró que el INE considera que sólo los votos son motivo para perder o retener el registro, pero no la legalidad de las acciones de los partidos que, con recursos públicos, se mantienen en la competencia por cargos de elección popular.
Y quedó claro también, dijo el activista cuya organización se dedica al fortalecimiento comunitario, que el Partido Verde no es realmente una instancia electoral, sino un instrumento del poder político destinado a cometer irregularidades.
“El Partido Verde Ecologista no es una institución político electoral; es una instancia del poder político que le permite cometer acciones de mafia política. Se piensa como una especie de actor que le permite al PRI hacer y cometer delitos que el PRI no podría porque el daño seria mayúsculo, entonces necesitan un instrumento que les permita actuar en la ilegalidad, y ese es un tema de corrupción política”, dijo.
“PAPADO DE LA EDAD MEDIA”
PROMO_AGUAYO
Un diagnóstico similar hizo el historiador e investigador Sergio Aguayo Quezada, para quien la negativa judicial a la orden de aprehensión mostró no sólo la falta de independencia en este poder del Estado mexicano, sino el despliegue de una red de protección política que mantiene al Verde en niveles de impunidad, consideró, propios de un Papado de la edad Media.
“El Verde y Arturo escobar han gozado de total impunidad y están acostumbrados a vivir en la impunidad. Súbitamente aparece un actor independiente, los mete en un tropiezo y e inmediatamente se cierra el circulo de protección sobre ellos, porque (los políticos del Verde) son muy útiles para las televisoras, para el Partido Revolucionario Institucional, los empresarios desarrolladores, para el Instituto Nacional Electoral, que ya demostró estar al servicio del Verde, y cuando surge la posibilidad de que esa impunidad sea puesta en duda, sea afectada, inmediatamente mandan una ofensiva simultánea en diferentes frentes”, comentó Aguayo en entrevista.
“Es evidente en el diario El Universal, entre otros, pero me refiero a él por la importancia que tiene, que trae una campaña sistemática y metódica para desacreditar al fiscal Santiago, y no me extrañaría, eso no lo puedo demostrar, que han movido todos sus resortes, los hilos del poder, para lograr la exoneración de Escobar”, agregó el historiador, integrante del grupo que impulsó la demanda de cancelación de registro al partido.
Aguayo ha sido crítico del Verde por más de una década. Desde 2004, y ante los videos en los que Jorge Emilio González, el llamado “Niño Verde” e hijo del fundador del partido aparecía en una conversación solicitando un pago de dos millones de dólares a cambio de la gestión de permisos de construcción, advirtió que la institución era paradigma de la violación a la ética pública.
–¿Hay otros partidos en el mundo con estas incongruencias? –se le cuestiona.
–Difícil. Es el partido Verde más rico del mundo, y tiene la posibilidad de comprar la amistad de los partidos Verdes más pobres de este hemisferio, pero eso mismo, esa incongruencia, todo lo que llevó a su desconocimiento por parte de los partidos Verdes europeos en 2009, la campaña a favor de la pena de muerte, eso va contra el ideario de los partidos Verdes. Más bien, podría compararse con algunos de los papados corruptos de la Edad Media, ese sería el equivalente, la degradación más extrema de principios sin prácticas, porque con ellos sí no hay manera de ocultar o disimular la corrupción, la incongruencia, la prepotencia, la arrogancia, el cinismo, el nepotismo, podemos seguir poniendo adjetivos, y dentro de ellos el Niño Verde y Arturo Escobar son los que ocupan la cúspide de esa realeza negra.
–¿Cuál es el mensaje de una institución que, con recursos públicos, comete ilegalidades?
–Es una ratificación de ese deterioro de la cultura cívica, en la cual todo está permitido con tal de alcanzar los símbolos del poder que se identifican con la impunidad, el acceso a dinero fácil, y todo lo que está asociado con esos abusos del poder. Ese es el mensaje que sistemáticamente nos están mandando de una u otra manera. Y Arturo Escobar y el Partido verde se han convertido en un símbolo de esa corrupción sistémica, de la corrupción de todo un sistema de representación política que, en mi opinión, se ha pervertido.