Omar Williams López Ovalle
Aguascalientes, Ags.- Para quien de manera valiente se anima a solicitar la intervención de los jueces para reclamar sus derechos, o lo hace sin conciencia o de plano se encuentra desesperado. Y es que, si bien es cierto, que la garantía de acceso a la jurisdicción del Estado, se encuentra prevista en el artículo 17 la Constitución y que por tanto, existe la obligación de establecer tribunales y procurar su buen funcionamiento. No menos cierto, es que el adentrarse al submundo de los palacios de justicia, es toda una odisea, de la cual las personas difícilmente saldrán satisfechos.
Para los ciudadanos de a pie, al darse cuenta en carne propia que sus asuntos puestos al conocimiento de los jueces, al pasar de los días, los meses y años, no avanzan, acaban por un lado, decepcionándose de la justicia –aunque Borges decía, que cuando alguien pide justicia, se preguntaba, no cree usted que pide mucho-, y por el otro, acaba muchas de las veces, abandonando sus derechos atropellados ya sea por otra persona o por el Estado.
Y es que el gran opio de la justicia moderna, es la tramitología, los expedientes se vuelven una especia de tótem, donde, cada petición, escrito, acuerdo, resolución, notificación, se vuelve una especie de fetiche, que hace que se pierda de vista el fondo del asunto, que es, dicho de manera simple, la solución de un conflicto, que se ha puesto en manos de un juez.
El servicio de la justicia, gozo de ciertas simpatías políticas con el surgimiento en los años setentas del llamado “Estado de bienestar”, en la que se proponía, un sistema judicial que permitiera “hacer efectivos los derechos de las personas”, según palabras, de Mauro Capelletti. Sin embargo, con el paso de los años el ímpetu bajo, y hoy, la justicia, se encuentra inmerso en una serie de situaciones que están muy lejos de darle satisfacción de justicia al ciudadano.
La dilación de los juicios, es hoy día el gran coco de la justicia donde las insatisfacciones se escuchan por doquier, los jueces se quejan de exceso de trabajo, los expedientes se acumulan hasta verlos de plano tirados en los pisos de los juzgados porque ya no hay lugar donde ponerlos, los abogados se quejan de que los asuntos que tramitan no avanzan, los clientes se desesperan y acaban contratando los servicios de otros abogados, y por consiguiente, nunca pudieron cobran por sus servicios. Los ciudadanos acaban estirándose los pelos de la cabeza ante la desesperación de sus casos, que acaban en un verdadero peregrinaje por los pasillos de los juzgados.
Unas de las soluciones que se han venido trabajando en los últimos años, es la llamada justicia alternativa, esto es, acceder, a la mediación. A la justicia cotidiana para ciudadanos, familias, emprendedores, vecinos, escuelas, sobre la base de cuatro temas. La creación de centros de asistencia jurídica temprana, la regulación de los servicios que prestan los abogados y mecanismo que faciliten su responsabilidad profesional, la revisión del diseño y operación de las juntas de conciliación y arbitraje, y por último, un nuevo modelo de justicia familiar.
Nunca hay que olvidar un viejo dicho popular: “más vale un mal arreglo que un buen juicio”.