La Jornada
Zzacatecas.- Transportistas y ejidatarios de diez comunidades rurales del valle de Mazapil mantienen por décimo día consecutivo tomadas las instalaciones de la mina de oro Peñasquito, de la trasnacional canadiense Goldcorp.
Zacatecas, Zac. Unos 200 transportistas y decenas de ejidatarios junto con sus familias y quienes pertenecen a diez comunidades rurales mantienen por décimo día consecutivo tomadas las instalaciones de la mina de oro Peñasquito, de Goldcorp. Los inconformes mantienen bloqueados seis de los siete accesos al yacimiento que es explotado bajo la modalidad de tajo a cielo abierto.
El paro general de labores en la principal mina productora de oro en México continúa con su plantón a pesar de que la madrugada del martes 4 de octubre un grupo de 400 policías estatales, ministeriales y de tránsito, intentaron desalojar a los manifestantes del lugar. Los policías sólo lograron “liberar” el acceso principal del complejo, no lograron disuadir la protesta social, pues quienes protestaban -se comprobó-, no estaban cometiendo ningún delito, ni tenían “secuestrados” a centenares de trabajadores, como falsamente se denunció por parte de Goldcorp.
Desde la madrugada del lunes 26 de septiembre, los ejidatarios y transportistas iniciaron el bloqueo de los siete accesos del gigantesco complejo minero ubicado en el semidesierto del valle de Mazapil, para exigir a la empresa cumpla los acuerdos que por escrito –y ante funcionarios gubernamentales como testigos–, firmó con los habitantes de las comunidades aledañas a la mina, en el año 2009. Entre los incumplimientos más sentidos está la falta de construcción de una clínica hospital en esta localidad.
Goldcorp sin embargo no ha reconocido públicamente su incumplimiento de los convenios firmados con las comunidades. Por el contrario, el consorcio canadiense instruyó a Luis Enrique Ramírez Meza, representante legal de Peñasquito, a interponer una denuncia penal contra los transportistas,asociados en la empresa Construcciones Industriales y Transportistas S.A. de C.V.
En la querella –que se formuló en dos partes–, se les acusó de bloquear con sus camiones todos los accesos a la mina, y con ello al transcurrir varios días, haber dejado “incomunicados” a “741 trabajadores se encuentran dentro de las instalaciones y no les permiten salir”. De ellos además, se denunció “141 trabajadores ya tienen afectaciones a su salud”.
Con esta grave imputación de por medio, María de Lourdes Monroy Rivas, juez de control y tribunal de enjuiciamiento del poder judicial del estado, emitió una orden de “desalojo” e instruyó a Vianey Ayerim Zavala Gamboa, agente del Ministerio Público adscrita al distrito judicial de Concepción del Oro, para que -haciéndose acompañar por la fuerza pública-, se liberaran las instalaciones y por ende a “los secuestrados”.
Pero no había tal “secuestro”, y los cientos de transportistas y ejidatarios de la región de Mazapil, acompañados por su abogado Alfredo Saucedo Martínez (ex funcionario de Peñasquito Goldcorp), demostraron a la Ministerio Público que no había tal ilícito.
Asimismo este miércoles, Felipe Pinedo Hernández, asesor político de los ejidatarios y transportistas -que acaban de constituir el ‘Frente de Comunidades Afectadas por la Minería’-, lamentó en entrevista con este diario “la torpeza” del gobernador del estado Alejandro Tello Cristerna, quien dijo “a ciegas, sin investigar, asumió como verdadero el discurso de Goldcorp y envió a sus policías a reprimir a quienes legítimamente exigen a la minera canadiense, cumpla acuerdos pactados”.
Por lo pronto y a pesar de que no se demostró que hubiese la comisión de los delitos que alegaba Goldcorp, cientos de policías estatales permanecen afuera de la mina, al lado de los inconformes que mantienen el bloqueo y esperan una respuesta satisfactoria a sus demandas por parte de la mina.