Redacción
Aguascalientes, Ags.- En lo que va del 2017 la Asociación Iberoamericana para el Desarrollo de la Igualdad de Género ha recibido 9 casos de violencia contra las mujeres cometidas por funcionarios públicos que actualmente se encuentran en labores en distintos organismos políticos, instituciones y dependencias gubernamentales a pesar de tener procesos penales en su contra por los delitos de amenazas, violencia intrafamiliar, lesiones dolosas y acoso sexual. La presidenta de la Asociación la Dra. Mabel Haro Peralta menciona que se han logrado convenios con autoridades de los tres niveles de Gobierno para la correcta atención y seguimientos de estos casos, quienes se han mostrado abiertas y preocupadas ante las cifras crecientes de agresiones contra mujeres a manos de quienes debieran poner el ejemplo en el servicio público.
Para la presidenta de AIDIGE estos casos hablan de una falta de información sobre los antecedentes penales y de violencia de quienes integran o deseen ingresar al servicio público, por lo que es indispensable que se pida como requisito no contar con ningún tipo historial por violencia contra las mujeres y que se cumplan con las política de igualdad y no discriminación bajo las que se rigen la mayoría de estas instancias políticas y gubernamentales. Con esto evitaremos casos como el del MP de fiscalía Jorge Luis Manzanilla; el caso del maestro Alfredo Vargas Ortega de la UAA; el caso de Carlos Penna integrante del gabinete del ex Gobernador Carlos Lozano; entre otros. Es urgente contar con una base de datos estatal con datos concretos de los agresores, las denuncias en su contra, los procesos que enfrentan, con el objetivo de que las dependencias desestimen su contratación, actúen conforme a protocolos para la atención de la violencia y promuevan el despido correspondiente.