Redacción
Aguascalientes, Ags.- El doctor Roberto González Acolt, profesor-investigador del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas (CCEA) de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, realizó un análisis general de las condiciones de regulación medio ambiental hacia las empresas de nuestro país. En el mismo, enfatiza en la necesidad de un cambio de cultura general que otorgue beneficios a quienes aportan y no únicamente castigo a quienes cometen faltas u omisiones.
En este sentido, el académico del Dpto. de Economía de la UAA explicó que, históricamente, nuestro país ha empleado políticas de comando y control cuando se trata de buscar el resguardo de las condiciones naturales y permitir el correcto desarrollo en coexistencia de las actividades económicas. Esto quiere decir, continuó, que la forma en la que se protegen los recursos en nuestro país se da mediante la penalización a las empresas que incurren en faltas a las regulaciones.
El Dr. González Acolt comentó que, si bien este sistema de observación y castigo entrega réditos cuando se ejerce de forma correcta, no logra comprometer a los empresarios con la causa común. Señaló que, ante este tipo de políticas, el marco general de negocios en nuestro país busca alcanzar los mínimos niveles necesarios, los cuales en muchas ocasiones se encuentran fuera de contexto con las necesidades actuales de cuidado ambiental, lo que provoca el deterioro y empeoramiento del entorno en el que vivimos.
En contraparte, expuso el docente del CCEA, existen modelos de impuestos verdes que se han implementado en otras latitudes que remuneran a las marcas y negocios por realizar aportes voluntarios en la lucha contra la contaminación del ambiente y el desgaste de los recursos naturales. Este sistema, además de lograr mayores resultados con el sector empresarial, ha desencadenado en una marcada cultura del cuidado ambiental en los ciudadanos.
Finalmente, destacó que, al momento de analizar este de retribuciones monetarias comúnmente se cree que son inviables económicamente, no obstante, cuando se analiza el costo ambiental y las inversiones necesarias para sobrellevar la actividad económica como hoy la conocemos, además de los costos que lleva sostener un sistema de fiscalización para el cobro de penalizaciones, resulta tener un desbalance tal que se podría llegar a considerar incluso de mayor impacto negativo en comparación a lo que resultaría de la estimulación a las empresas que protegen los comunes.