Redacción
Aguascalientes, Ags.- El Pleno de la LXIII Legislatura aprobó por unanimidad en lo general, el dictamen que formuló la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se resuelve la iniciativa que expide la Ley de Trata de Personas del Estado, propuesta por la representación del Grupo Parlamentario del PAN de la anterior legislatura, la cual contempla la implementación de un Programa Estatal de Prevención y prevé mecanismos de atención a las víctimas por este delito por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).
De acuerdo con el documento, se establece que la FGE tendrá atribuciones para brindar atención a víctimas, testigos y ofendidos en la materia, en apego a la Ley de Atención y Protección a la Víctima y al Ofendido del Delito para el Estado de Aguascalientes y la Ley Orgánica de la Fiscalía.
Asimismo, se especifica en una fracción la capacitación que tiene que aplicarse de manera permanente al personal de la FGE, además de promover la realización de campañas de difusión en las que se fomente la denuncia ciudadana sobre este tipo de delitos.
En lo particular, las diputadas Elsa Amabel Landín Olivares, Paloma Amézquita Carreón y Josefina Moreno Pérez, propusieron reservas en lo particular, siendo aprobadas por la unanimidad del Pleno legislativo, las cuales versan en lo siguiente:
Se define que la Fiscalía General del Estado, instituciones policiales y las autoridades jurisdiccionales garantizarán en todo momento los derechos de las víctimas, brindando en todo momento asistencia, protección, seguridad y acceso a la justicia.
Además se contempla la creación de la Comisión de Trata de Personas, que estará integrada por el Ejecutivo, así como por los Secretarios General de Gobierno y de Seguridad Pública, además del Fiscal General del Estado, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre otros.
Se establece que dicho órgano debe reunirse por primera ocasión a más tardar en un plazo máximo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del decreto presentado
En otro punto del orden del día, los diputados avalaron por unanimidad el dictamen que emitió la Comisión de Justicia, mediante el cual resolvió en sentido negativo la iniciativa de adición de un segundo párrafo al artículo 68 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, presentada por la representación del GPPRI-PVEM de la anterior legislatura.
Dicha modificación establecía que los Ayuntamientos no pudieran adquirir ningún bien inmueble en los últimos seis meses de su administración.
La Comisión de Justicia expuso en sus argumentos que la propuesta de reforma invadía la autonomía de los Municipios, precepto salvaguardado en la Constitución Política Federal.
Al respecto, el diputado del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, Arturo Fernández Estrada, desde tribuna manifestó su aval al dictamen al señalar que era una reforma anticonstitucional.
Por otro lado, los legisladores pronunciaron el sí al dictamen que resuelve en sentido negativo la iniciativa de adición al artículo 790 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, presentada por el Grupo Parlamentario del PAN en la anterior legislatura.
El proyecto buscaba agilizar los procedimientos que se tramitaran por la vía de Jurisdicción Voluntaria, actos en los que por ley o solicitud de los interesados requieran la intervención del Juez, como por ejemplo la Declaración de Estado de Minoría de edad, Nombramiento de Tutores y Curadores, Disposición de Bienes de Menores, entre otros.