Proceso
Campeche.- El encarcelamiento del alcalde de Palizada, Pedro Ayala Cámara –el primer servidor público en funciones que es detenido tras la eliminación del fuero en la entidad–, provocó un entuerto legal que podría llevar a que el munícipe despache los asuntos inherentes a su cargo desde su celda en la prisión.
Ayala Cámara, acusado de peculado, fue detenido la tarde de ayer por agentes de la Policía Estatal Investigadora en pleno centro de esta capital. La Fiscalía General del estado (FGE) ocultó los detalles de cómo ocurrió la captura, sin embargo, trascendió que se habría citado a Ayala en el palacio de gobierno para tenderle una celada y facilitar su arresto.
Mientras tanto, la situación en el ayuntamiento es incierta, pues en tanto no se le declare culpable, se presume su inocencia y, por tanto, no cabe su destitución.
El alcalde panista fue presentado anoche en audiencia inicial ante la juez de Control Miriam Collí Rodríguez. Ahí, con base en la carpeta judicial 153/17-18, se le imputó el delito de peculado por un millón 310 mil pesos.
Y aunque se le concedió la ampliación del plazo para definir su situación jurídica, a petición de la fiscalía la juzgadora le impuso la medida cautelar de prisión preventiva durante todo el tiempo que dure el proceso.
El abogado Edwin Trejo, uno de sus cuatro defensores, expuso a la juez que de acuerdo con el principio de presunción de inocencia, el alcalde no debía ser privado de su libertad, pues mientras no se emita una sentencia de culpabilidad, él no puede ser separado de su cargo, de modo que tendría que atender los asuntos del ayuntamiento de Palizada desde su confinamiento en la cárcel de esta ciudad.
En ese sentido, pidió que en lugar de la prisión preventiva se le separe de su cargo como alcalde. La propuesta fue desechada. Y aun cuando la situación jurídica de Ayala está marcada para resolverse el sábado 20, la juez dispuso que se quede en prisión preventiva durante todo el tiempo que dure el proceso.
En conferencia de prensa este martes, el fiscal general Juan Manuel Herrera Campos informó que Ayala fue detenido ayer “en la vía pública” de esta ciudad, en cumplimiento de una orden de aprehensión librada por un juez de Control, debido a la denuncia por el delito de peculado que interpuso la Auditoría Superior del Estado (ASE), misma que obra en la carpeta de investigación C.I- 2-2017-206.
Explicó que teniendo a su cargo el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), durante el periodo que comprende del 11 de noviembre de 2016 al 20 de diciembre de 2016, aprobó y ejerció el equivalente a un millón 344 mil 827.35 pesos en el proyecto denominado ‘Construcción de Baños en Comunidades Rurales’”.
Dicho proyecto, añadió, consistía en la construcción de 31 baños en diferentes comunidades del municipio de Palizada, y la obra, que sería realizada por la empresa Susica Construcciones, S.A. de C.V., debió ejecutarse en el periodo comprendido entre el 14 de noviembre de 2016 al 31 de diciembre de 2016.
“Sin embargo, sólo se inició la construcción de uno de los 31 baños, pero no fue concluido, y se estimó que el monto de los trabajos realizados fue por la cantidad de 33 mil 849.56 pesos, por lo que el monto del dinero desviado asciende a la cantidad de un millón 310 mil 977.80 pesos, pago que se realizó a la empresa constructora contratada sin que haya ejecutado en su totalidad los trabajos”.
Sobre la posibilidad de que Ayala Cámara continúe despachando como alcalde desde el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Francisco Kobén, donde fue recluido, Herrera Campos aseguró que eso no sucederá, y en todo caso, dijo, la resolución de la parte política no le compete a la FGE.
Por su parte, Edwin Trejo consideró que la fiscalía se precipitó en su actuación, pues la investigación administrativa de la ASE es todavía un asunto inacabado, además de que nunca se citó al alcalde para aclarar o resarcir las inconsistencias, y calificó la medida cautelar de prisión preventiva como “desproporcionada” e “incongruente”.
Lo ideal en este caso hubiera sido que se le separara del cargo para investigarlo, y una vez concluidas las pesquisas, si se le comprobaba el delito, proceder en consecuencia, apuntó.
Según Trejo, la fiscalía utilizó los mismos argumentos para obtener la prisión preventiva de los exservidores públicos que procesó, lo cual ha sido motivo de controversia en los juicios de amparo, y eso les ha permitido llevar sus juicios en libertad, porque no hay datos de prueba suficientes para decir que hay un riesgo procesal.
Los datos de la autoridad ministerial son aislados, dijo, y lo que se pretende es crear “una imagen fáctica” de que el munícipe pudiera evadirse, cuando “en los hechos no la hay”.
En el caso de Ayala, “la prisión preventiva es desproporcionada, es incongruente, porque caemos en un supuesto, que no se ha dado, de que un presidente municipal en funciones esté recluido con todo el impacto que trae a las obligaciones constitucionales del propio municipio, y tendrán que hacerse diversas acciones para suplir su ausencia o que en su caso siga despachando desde el Cereso”, recalcó.
El abogado detalló que, en el antiguo sistema, el alcalde tendría el beneficio de la libertad bajo caución, pero ahora, en el nuevo sistema de justicia que garantiza la presunción de inocencia, no se le da derecho a estar en libertad imponiéndole otras medidas cautelares, como el uso de pulseras con localizador.
En la reforma que eliminó el fuero quedó una laguna legal, por lo que el alcalde puede seguir ejerciendo hasta que el cabildo encuentre una solución, soltó.
Al respecto, tres regidores priistas del ayuntamiento de Palizada acudieron este martes al Congreso local para presentar una demanda de juicio político contra Ayala Cámara; en contraparte, un grupo de simpatizantes organizó para esta noche una marcha de apoyo al alcalde, tras considerar que se trata de un asunto político.