Redacción
Aguascalientes, Ags.-Los presuntos desvíos millonarios de aportaciones de empleados gubernamentales al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales Para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA), evidencian la urgencia de consolidar herramientas que impidan la indiferencia ante actos de corrupción, en este caso, que atentan contra los derechos laborales, la certeza patrimonial y la confianza de los trabajadores en las instituciones.
Es inminente la necesidad de alentar y respaldar la participación de la sociedad en la demanda de impartir justicia, fincar responsabilidades y hacer valer la ley a partir de una investigación seria y a fondo, pues es clara la actuación de funcionarios ubicados en tiempo y lugar.
El hecho de que estén señalados 90 por ciento de los municipios, es grave, pues indica una alta tasa de impunidad ante prácticas dolosas en perjuicio del patrimonio de la burocracia, que no puede permitirse más y que lamentablemente no es exclusiva de Aguascalientes.
Emprender las medidas legales que amerita este agravio a la seguridad social de empleados de todos los niveles y aplicar la justicia amerita tomar acciones de prevención, sanción y que los propios empleados acudan a conocer su situación personal ante el ISSSSPEA, quienes por supuesto, tendrán el respaldo del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en materia legal.
Debemos dejar de ver como normales las conductas ilegales y los actos de corrupción, éste es un hecho que pone al descubierto la incapacidad para detectar, evitar y sancionar un daño a los derechos laborales, y enciende alarmas para la eficacia del control interno de organismos, dependencias y gobiernos.