Redacción
Un grupo de fiscales generales de 22 estados presentó este martes una demanda para bloquear la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, una práctica centenaria que garantiza la nacionalidad estadounidense a cualquier persona nacida en el país, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
La medida, firmada el lunes por la noche, representa el cumplimiento de una promesa de campaña de Trump, pero enfrenta una incierta batalla legal. La orden establece que los hijos de personas no ciudadanas no están “sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos” y, por lo tanto, no deberían recibir la ciudadanía automática.
“El presidente no puede, de un plumazo, anular la 14ª Enmienda y punto”, declaró Matt Platkin, fiscal general de Nueva Jersey, refiriéndose a la enmienda ratificada en 1868 tras la Guerra Civil, que consagra este derecho en la Constitución.
Por su parte, la Casa Blanca defendió la orden y acusó a los estados demandantes de ser parte de un movimiento opositor. “Los izquierdistas radicales pueden optar por nadar contra la corriente o trabajar con el presidente Trump”, afirmó Harrison Fields, subsecretario de prensa.
William Tong, fiscal general de Connecticut y primer chino-estadounidense en ocupar ese cargo, calificó la medida como un ataque directo a familias como la suya. “La Enmienda 14 dice lo que significa: si naces en suelo estadounidense, eres estadounidense. Y punto”, expresó.
El principio de ciudadanía por derecho de nacimiento —jus soli— es aplicado en 30 países, principalmente en América, como Canadá y México. Sin embargo, Trump ha cuestionado esta interpretación, señalando que se requieren restricciones más estrictas.
La orden, que entrará en vigor el próximo 19 de febrero, también instruye a las agencias federales a dejar de reconocer la ciudadanía de las personas que no cumplan con los nuevos criterios, aunque no está claro si será aplicada de forma retroactiva.