Redacción
El Instituto Nacional Electoral (INE) entregó este jueves las constancias de mayoría a las candidatas electas como juezas Eluzai Rafael Aguilar y Madián Sinaí Menchaca Sierra, ambas con vínculos familiares y laborales con la iglesia de La Luz del Mundo.
Durante un acto realizado en el auditorio de las oficinas centrales del INE, se entregaron los documentos oficiales a quienes resultaron electos en el proceso inédito para integrar el Poder Judicial mediante voto ciudadano. Entre ellos, destacan las dos aspirantes que generaron polémica por sus antecedentes.
Eluzai Rafael Aguilar, electa como jueza penal en Jalisco, fue docente en las Instituciones Educativas Hermosa Provincia, administradas por la estructura jerárquica de La Luz del Mundo, encabezada por Naasón Joaquín García, quien actualmente cumple una condena en Estados Unidos por delitos sexuales contra menores. Además, Aguilar es hija del obispo Samuel Rafael Quintana, uno de los principales defensores del líder religioso.
“Somos ciudadanos, todos podemos elegir la creencia que creamos”, dijo Aguilar al ser cuestionada tras recibir su constancia. Aunque afirmó que la imparcialidad del Poder Judicial está garantizada, evitó responder sobre sus vínculos con la organización religiosa.
Madián Sinaí Menchaca Sierra, por su parte, fue elegida como jueza en materia administrativa también en Jalisco. Es hija del obispo Nicolás Menchaca, quien fungió como abogado defensor de Naasón Joaquín en Estados Unidos.
Menchaca Sierra salió por la puerta trasera del recinto al finalizar el evento y no ofreció declaraciones a la prensa.
Diversas organizaciones civiles han expresado preocupación por la elección de candidaturas relacionadas con esta iglesia, debido a las acusaciones penales contra su líder y a la presunta influencia religiosa dentro de un poder del Estado. El propio INE recibió denuncias sobre al menos 11 candidatos con posibles nexos con La Luz del Mundo o con grupos del crimen organizado.
Pese a ello, el Tribunal Electoral desechó impugnaciones ciudadanas al proceso de elección judicial, al considerar que no existe “interés jurídico legítimo” para cuestionar los resultados.