Redacción
México.- Admitió a trámite, el ministro Alberto Pérez Dayán, las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra los cambios hechos a la Ley General de Comunicación Social (LGCS) y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, también conocidas como el Plan B de la reforma electoral.
El ministro además otorgó una suspensión para que no sea aplicada en los procesos electorales que se encuentran en desarrollo en el Estado de México y en Coahuila.
Así se informó vía un comunicado que envió el Alto Tribunal, ya que se promulgó durante el periodo de veda electoral, acto que está prohibido en la Constitución; por ello se menciona que “de no concederse (la suspensión), su aplicación podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en este”.
Recordemos que las normas fueron impugnadas por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), al igual que miembros del Congreso de la Unión.
Con esta decisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá analizar las acciones de inconstitucionalidad 29/2023, 30/2023, 31/2023, 37/2023, 38/2023, 43/2023 Y 47/2023, mismas que fueron presentadas en enero de este año.
Ello luego que en diciembre fueron aprobadas la LGCS y la Ley General de Responsabilidades a los Servidores Públicos, que son parte de las reformas con las que el presidente López Obrador busca modificar las leyes electorales.
Cambios, con los cuales el mandatario buscó establecer que los estados y municipios no pueden dedicar más del 0.1 por ciento de su presupuesto anual a su programa de comunicación.
Además de que los cambios hechos a esta norma modificaron el concepto de propaganda gubernamental, permitiendo que los funcionarios públicos expresen opiniones durante el proceso electoral sin ser sancionados.
El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a finales de diciembre también señala que el gasto público en propaganda gubernamental se deberá apegar a la austeridad republicana que ha manejado el gobierno actual.
Fue apenas el lunes cuando comisiones unida del Senado aprobaron el dictamen restante de la propuesta de reforma electoral promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador; proyecto en el cual se eliminó la llamada ‘cláusula de vida eterna’, ubicada en el artículo 12 de dicha ley, que permitiría la transferencia de votos de los partidos mayoritarios a los minoritarios.
El actual artículo dice que “independientemente del tipo de elección, convenio de coalición y términos precisados en el mismo, cada uno de los partidos políticos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate; los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos para todos los efectos establecidos en esta Ley. En ningún caso se podrá transferir o distribuir votación mediante convenio de coalición”.
Estimando que el dictamen sea discutido en el Pleno del Senado esta semana y, tras su aprobación, sea turnado al Ejecutivo para que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Al respecto, Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), llamó a no retrasar por más tiempo la aprobación de la reforma para que quienes estén inconformes con ella puedan presentar acciones de inconstitucionalidad en la Corte, y en entrevista añadió “ojalá y deje de estarse jugando con los tiempos, se presente el asunto en el Pleno, se dirima el único artículo que está sujeto todavía a revisión, y se publique y le podamos dar los causes institucionales, como debe ocurrir en una democracia, que todavía lo es: recurrir, quienes creemos que es inconstitucional, ante la Suprema Corte de Justicia, y será la Corte la que decidirá lo que se deba decidir”.
*Con información de El Financiero