Gilberto Valadez
Aguascalientes, Ags.- El Congreso del estado cierra el año 2019 con un acumulado de varios dictámenes reconocidos por la sociedad del estado, pero también con un alud de determinaciones polémicas que alcanzaron notoriedad internacional.
Desde sesiones clausuradas por falta de quórum, un innecesario enfrentamiento con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la aplazada designación de un nuevo auditor estatal y hasta la declaración de persona non grata hacia el ex presidente boliviano Evo Morales que ya se fue del país.
Adicionalmente se percibe un aparente rompimiento en el grupo mayoritario del Partido Acción Nacional entre los diputados afines al gobernador Martín Orozco Sandoval y los seguidores de la alcaldesa capitalina Teresa Jiménez.
Lo positivo
Éste próximo martes 31, el Legislativo de Aguascalientes concluirá su segundo periodo ordinario del año en curso, en donde oficialmente se habla de un abatimiento del 50 por ciento. El panista Guillermo Alaniz de León, presidente de la Junta de Coordinación Política, declaró recientemente que se desahogó la mitad de las 250 iniciativas que se recibieron.
De esta forma, el pasado 21 de noviembre el Congreso del Estado aprobó por unanimidad modificaciones legales para castigar penalmente la violencia digital y la transferencia de imágenes de corte erótico sin consentimiento de la víctima, como el llamado pack. El hecho fue aplaudido por agrupaciones feministas y de derechos humanos.
También resaltan dictámenes que fueron aprobados ante el pleno y con reconocimiento público como la Ley de Protección a los No Fumadores en septiembre, así como la Ley de Mejora Regulatoria en noviembre último.
A cambio, los resultados de otras determinaciones tendrán que analizarse con el tiempo, siendo el caso de la reciente aprobación del proyecto del Ayuntamiento de Aguascalientes para permitir inversión privada en el servicio de alumbrado público y que las autoridades de la alcaldía han rechazado que sea una privatización.
Así como el pasado lunes 16 cuando se avaló por mayoría reformas al Código Penal que contemplan la prohibición expresa hacia la publicación de imágenes de personas fallecidas, literalmente “por cualquier medio”.
En contraparte, los legisladores de Aguascalientes han tomado determinaciones llenas de polémica.
Contra la Universidad
El Congreso del Estado generó una controversia gratuita a finales de octubre, después de que el líder panista en el Legislativo, Guillermo Alaniz, presentó una iniciativa que abiertamente violentaba la autonomía de la UAA.
La propuesta del coordinador del PAN buscaba modificar la Ley Orgánica de la UAA y que el Congreso tuviese algún tipo de injerencia. Lo cual generó un movimiento de unidad pocas veces visto en la sociedad aguascalentense que apoyó a rectoría, mediante la participación desde ex rectores, estudiantes y hasta egresados que protestaron en la Plaza de la Patria.
Derrotado, a las pocas horas de presentar el documento, Alaniz tuvo que dar marcha atrás en su iniciativa.
Sin embargo, mucho se comentó que el verdadero autor de la iniciativa era Gustavo Báez Leos, presidente estatal del PAN, debido a que su padre del mismo nombre había contendido sin éxito por la rectoría. El dirigente blanquiazul negó los señalamientos, pero aceptó que hubo falta de consensos para presentar el dictamen.
La celeridad de esta iniciativa del PAN contrasta con otros pendientes que tiene el Congreso que en febrero pasado eligió a Héctor Acero como presidente del Órgano Superior de Fiscalización (Osfags), pero el designado renunció en abril. Desde entonces, el Osfags carece de un responsable directo y los diputados de la comisión de Vigilancia le han dado largas al tema, sin elegir una nueva cabeza.
Evo no es pueblo
El 28 de noviembre último, la mayoría panista del Congreso, con el apoyo de legisladores del PRI, declaró persona non grata al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, quien residió brevemente en México tras renunciar a su cargo.
El panista Alejandro Serrano Almanza, presidente en turno de la mesa directiva del Congreso, justificó la determinación, aseverando que se trató de una demanda de los aguascalentenses y no una revancha del PAN hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“Yo creo que nuestra propia expresión de ideas fue recabar lo que la sociedad nos ha emitido de que no era una persona grata”, dijo Serrano poco después en entrevista con elclarinete.com.mx.
En contraparte, le llovieron críticas al Congreso de Aguascalientes por esta declaración.
El grupo parlamentario de Morena en el Legislativo amagó con invitar a Morales al estado y presentarlo en el mismo palacio legislativo. Hasta demandas de juicio político como la presentada por el ciudadano Alberto Peralta Merino, quien acusó a panistas y priistas de Aguascalientes por haber incurrido en una abierta violación a la Constitución.
La controversia no duró mucho pues a las pocas semanas, Evo Morales viajó a otro país en su exilio político.
Ruptura panista
El Congreso de Aguascalientes cerró el periodo de manera poco ortodoxa, después que la última sesión ordinaria que estaba prevista para celebrarse días antes de Navidad, se canceló por falta de quórum de los 27 legisladores.
La sesión debía celebrarse el lunes 23, pero de última hora se pretendió introducir en el orden del día una iniciativa para retirar el fuero a funcionarios públicos como alcaldes, regidores y el propio gobernador.
El documento generó una aparente división en el grupo mayoritario del PAN entre los diputados afines al gobernador Martín Orozco, quien ha promovido la iniciativa, contra los legisladores del grupo de la alcaldesa Teresa Jiménez, que lo ven como un documento con dedicatoria.
Aunque se estuvo esperando por más de una hora, los panistas leales a la alcaldesa no se presentaron; así como otros diputados de oposición que pidieron ausentarse. El hecho llevó de plano a la cancelación de la sesión; hecho inédito en la actual Legislatura.
De esta manera, el Congreso tendrá que realizar una sesión de última hora el martes 31, previo a la sesión solemne, y elegir a la mesa directiva para el periodo de receso que culmina este año de controversias legislativas.