Condusef rechaza dictamen de la Cámara de Diputados que perjudica salario de los trabajadores

Condusef rechaza dictamen de la Cámara de Diputados que perjudica salario de los trabajadores

Comunicado

Ciudad de México.-Desde la presentación del Dictamen en el Senado, hemos planteado consideraciones
dirigidas a proteger los intereses de los trabajadores-usuarios de los créditos de nómina con
cobranza delegada, que actualmente operan al margen de cualquier disposición.
En particular, respecto del dictamen aprobado hemos señalado que:

  1. Es contrario al principio de progresividad establecido en el artículo 1° Constitucional,
    en el cual se establece que los derechos no pueden limitarse, restringirse, eliminarse
    o desconocerse (regresividad) de forma alguna en perjuicio de los ciudadanos, siendo
    que éste contiene disposiciones que van en contra de lo previsto por los artículos 97 y
    110 de la Ley Federal del Trabajo y 38 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio
    del Estado (tope de endeudamiento del 30%), así como los criterios del Poder Judicial
    que tutelan los derechos de protección al salario del trabajador.
  2. Crear la libranza con carácter de irrevocable es una medida que limita totalmente la
    posibilidad de que los usuarios cambien de institución o tipo de crédito, si éste no
    resulta conveniente, o bien, encuentran otro esquema de refinanciamiento más
    benéfico, independientemente de que la diferencia en tasas sea mucha o poca.
  3. Siempre hemos dicho que la capacidad de endeudamiento de una persona no debe
    exceder el 35% de su percepción o ingresos netos, de ninguna forma sobre sus
    ingresos ordinarios o brutos. La percepción neta es en realidad el margen estricto de
    maniobra y de gasto que tienen los ciudadanos para subsistir.
    Reiteramos que, cuando una persona compromete más allá del 35% de su ingreso
    neto, tiene un alto riesgo de impago y, como consecuencia, conflictos económicos,
    familiares y personales, producto de un sobreendeudamiento.
  4. El sobreendeudamiento al que ha estado expuesta una parte considerable de los
    empleados del sector público a nivel federal, estatal y municipal, ha propiciado que

un alto número de trabajadores reciban cantidades muy por debajo del nivel de
subsistencia, lo que genera un severo problema social, de sobrevivencia, así como un
total desinterés por las labores que se desempeñan en el servicio público.

  1. No menos importante es señalar que el Costo Anual Total (CAT) promedio que ofrecen
    las instituciones financieras denominadas Sociedades Financieras de Objeto Múltiple,
    Entidades No Reguladas (SOFOM, ENR), conocidas coloquialmente como
    “nomineras”, exceden las tasas de interés que por créditos de nómina o créditos
    personales ofrecen otros agentes del sistema financiero mexicano, por ejemplo, los
    bancos.
  2. Es importante resaltar que las “nomineras” han otorgado créditos a trabajadores cuyo
    riesgo crediticio es bajo, ya que la fuente de pago está garantizada a través del propio
    salario del trabajador, por lo que no se justifican las altas tasas de interés.
  3. Prevé obligaciones excesivas para los patrones, entre los que se encuentran los
    gobiernos federal, estatales y municipales, para dar aviso en 24 horas respecto de la
    disposición de los recursos del crédito a los acreditados (trabajadores) y acreditantes
    (Instituciones Financieras), convirtiéndose en depositarios y obligados solidarios con
    todos los efectos legales correspondientes, además de la responsabilidad de registrar
    contratos.
    Adicionalmente, la administración de la retención de la nómina y los enteros a la
    institución financiera se convierten en una carga para las áreas de recursos humanos
    de los patrones, sin posibilidad de realizar cobro alguno.
  4. Se contempla la posibilidad de refinanciar los adeudos de los trabajadores
    acreditados, lo cual podría generar que el costo de los créditos se incremente y resulte
    exorbitante, ya que se trata de una nueva obligación.
    Finalmente, seremos respetuosos de las decisiones del Poder Legislativo, pero debemos
    señalar con claridad los serios inconvenientes y posibles afectaciones a la economía de los
    trabajadores, de autorizarse un esquema legal que, si bien regula, no lo hace de forma
    equitativa y salvaguardando el interés primordial de los usuarios de servicios financieros, en
    este caso la economía familiar de los trabajadores.