Gilberto Valadez
Aguascalientes, Ags.-Publicitado en su momento como uno de los proyectos más vanguardistas del municipio capital, la iniciativa para establecer el Centro de Valoración de Residuos de Aguascalientes se fue desplomando hasta quedar en el aparente olvido de la actual administración panista.
Avalado el 9 de mayo de 2018, el proyecto del cual se manejaron cantidades millonarias para su inversión, encontraría eco en el Poder Legislativo donde también recibió luz verde de la mayoría del Congreso. Pese a las constantes advertencias de la oposición en torno a una eventual privatización del servicio de limpia.
Pero con el paso de los meses, vendrían nuevas interrogantes en torno al proyecto, salpicado de intereses políticos, inversionistas con malos antecedentes en otros estados, manifestaciones de pepenadores, investigaciones periodísticas y el paulatino olvido de la gestión del PAN.
Bajo la sombra de la privatización
La mañana del 9 de mayo de 2018, el Cabildo de Aguascalientes con mayoría del PAN avaló el plan de un centro para recolección de desechos para la ciudad, pero el cual operaría con capital privado, siendo denominado como Proyecto Integral de Valoración de Residuos Sólidos Urbanos del Relleno Sanitario de San Nicolás.
En aquella oportunidad, el regidor panista Gustavo Tristán López anunció inclusive una inversión de 450 millones y justificó que la iniciativa permitiría generar un centro de separación de la basura de la localidad.
El proyecto sería cuestionado por la oposición del cuerpo edilicio. El regidor priista Miguel Romo Reynoso, presidente de la comisión de Ecología del Cabildo, subrayó que la operación del centro tenía vicios de origen al ser presentada bajo la figura de proyecto de prestación de servicios, no estaba contemplada ni en la Ley Municipal ni en la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes. Romo Reynoso advirtió que el proyecto tampoco tenía especificado el tratamiento para residuos como baterías, pilas, aceites, electrodomésticos, electrónicos y hasta discos compactos.
Mientras que la regidora de Morena, Jennifer Parra alertó que “se está generando un jugoso negocio con recursos públicos”.
Al final, la mayoría panista del Cabildo sumó los apoyos de algunos ediles del PRD y del PRI, avalando el proyecto.
En el camino, las autoridades municipales salieron a desmentir en más de una ocasión que el proyecto conllevaría una privatización en el servicio de limpia. Para el miércoles 11 de julio, la alcaldesa Teresa Jiménez dijo que el municipio no iba a eludir su responsabilidad. “No se va a privatizar la recolección de basura, eso sí quiero dejarlo bien en claro”.
En la congeladora
Aunque no tuvo problemas para avanzar en el Ayuntamiento, el futuro del Centro de Residuos tendría que encontrar el visto bueno del Poder Legislativo, al tratarse de un proyecto público con inversión privada. Pero durante el siguiente periodo ordinario que abarcó hasta junio de 2018, aunado a un extraordinario en agosto de ese año, el plan del municipio nunca subió al orden del día de las sesiones.
Para el 29 de agosto, el secretario del Ayuntamiento, Jaime Beltrán, urgió al Congreso no dejar el tema en la congeladora. “Conforme vaya avanzando el tiempo, los costos se irán actualizando. Seguramente el proyecto pasará a la siguiente Legislatura y estamos a expensas cuánto tarde en retomar el tema para continuar con el estudio y en caso de aprobación, veremos si es necesario o no actualizar costos”.
A mediados de septiembre, hubo relevo en el Congreso del Estado con el arribo de la LXIV Legislatura. Sin embargo, la nueva soberanía estatal también le dio largas al tema.
El 30 de noviembre, Enrique Barba López, entonces director de Limpia y Aseo Público del Ayuntamiento, dijo en entrevista que ni siquiera había habido comunicación con los diputados. “No nos han llamado a que le expliquemos. No sé si tengan dudas, no sabemos nada. Está en comisiones, pero creo que no ha pasado ante el pleno”, declaró.
Sería hasta el 27 de diciembre de 2018, en la última sesión del periodo ordinario, cuando el Congreso votó el documento ante el pleno. Curiosamente, el dictamen subió de última hora al orden del día en una jornada estratégica: se votaba por primera vez la iniciativa de Ley Provida, que blindaba la vida desde la fecundación.
La sesión finalmente derivó en una derrota para grupos de extrema derecha, pues al menos en esa oportunidad fue rechazada la Ley Provida. A cambio, el documento del municipio fue avalado con el apoyo mayoritario de 25 votos de los 27 legisladores locales, en contra sufragaron los diputados de Morena, Erica Palomino Bernal y Cuauhtémoc Cardona Campos. Al día siguiente, la atención pública sólo se centró en el tema de la vida.
Sin embargo, las dudas se dispararon cuando se anunció el nombre de la empresa favorecida, debido a sus malos antecedentes.
“Luego les pasó los datos”
Para comienzos de abril de 2019, salió a relucir el nombre de Tratamiento y Procesamiento de Residuos Sólidos, Pimsa, como la marca favorecida para encargarse de la creación del centro de valorización de residuos en el municipio capital.
No obstante, la compañía no gozaba de buenos antecedentes en proyectos similares, como había sucedido en el estado de Quintana Roo. Una nota publicada el 7 de enero de ese año en el diario Noticaribe señaló a Pimsa de haber ocasionado “un cochinero” en el relleno sanitario del municipio de Benito Juárez, pese a cobrar siete millones de pesos mensuales del erario en esa cabecera.
El fallo del Ayuntamiento aguascalentense tampoco dejó conformes a algunas de las empresas participantes en la licitación que llevaron el tema al Tribunal Administrativo.
La alcaldesa Teresa Jiménez por cierto logró reelegirse en el cargo para octubre de 2019 y reiteró su intención con el plan.
Sólo que el 2020 inició con una manifestación de un grupo de pepenadores en contra del proyecto, quienes el día 3 de enero protestaron bloqueando los accesos al relleno sanitario, precisamente por la falta de información en torno al centro de residuos. La manifestación finalizó luego de un acuerdo con autoridades municipales.
Apenas tres días después, Jiménez no quiso citar el nombre de la empresa que se encargaría del proyecto. “Si quieren, luego le pasó los datos en específico”, respondió la alcaldesa durante una entrevista colectiva.
El arribo de la pandemia sanitaria pareció estancar el centro de residuos, que sería evidenciado a nivel nacional. En septiembre de 2020, los reporteros Dulce Rodríguez y Sergio Roldán publicaron una amplia investigación en torno al proyecto, dejando en evidencia vínculos de integrantes del Partido Acción Nacional con el empresario Diego García Coudurier, propietario de Pimsa, que ya se había beneficiado con recursos públicos para proyectos similares.
Al poco tiempo, el municipio capital terminaría anulando el contrato, argumentando falta de certeza jurídica por parte de la empresa de García Coudurier.
Con todo, desde municipio capital siguió hablándose del proyecto. El 7 de octubre de 2020, la secretaria de Servicios Públicos municipales, Miriam Rodríguez Tiscareño, declaró en una entrevista que quedaría en manos de un equipo jurídico considerar el futuro del centro y porqué camino debería seguir.
Teresa Jiménez pidió licencia al cargo, a fin de competir por una diputación federal, quedando desde marzo Juana Cecilia López Ortiz como alcaldesa suplente, quien no se ha pronunciado sobre el proyecto que cumple tres años de su aprobación.