Redacción
Con el voto de Morena y sus aliados, las comisiones del Senado aprobaron la nueva Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que ha sido calificada por la oposición como una “ley censura” por otorgar al gobierno amplias facultades para retirar concesiones de radio y televisión, así como para bloquear plataformas digitales.
El dictamen fue avalado en comisiones de Radio y Televisión; Comunicaciones y Transportes; y Estudios Legislativos, con 29 votos a favor y 9 en contra, y se prevé que sea discutido y aprobado en el pleno el próximo lunes.
Entre los puntos más controvertidos está la figura de rescate de concesiones “cuando lo exija el interés público” o por “razones de seguridad nacional”, a solicitud del titular del Ejecutivo federal. La nueva legislación también faculta a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) para, de oficio, “cambiar o rescatar bandas de frecuencias o recursos orbitales”, así como bloquear plataformas digitales en caso de incumplimiento normativo.
“Bajo el pretexto de impedir intromisiones inaceptables, se nos presenta la ley censura”, advirtió el senador del PAN, Agustín Dorantes. “Esta ley permite bloquear redes sociales o páginas web sin reglas claras”.
La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, advirtió que “estamos ante un claro asalto a la libertad de expresión en redes sociales”, y señaló que la medida podría tener un impacto grave en el ecosistema digital del país.
Uno de los argumentos del oficialismo fue la reciente transmisión de un spot antiinmigrante del gobierno de Estados Unidos en canales mexicanos. En respuesta, la nueva ley prohíbe la transmisión de propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo por parte de gobiernos o entidades extranjeras, y contempla sanciones de hasta el 5% de los ingresos para concesionarios que incumplan esta disposición.
Pese a las críticas, la mayoría parlamentaria respaldó el dictamen, que además permite que la ATDT determine los lineamientos para bloquear contenidos digitales, sin necesidad de orden judicial previa. Según legisladores de oposición, esto podría ser utilizado para silenciar voces críticas.
El debate en el pleno marcará el rumbo de una legislación que, según sus detractores, representa un retroceso en materia de libertad de expresión y acceso a la información.