Clara Ramírez
Aguascalientes, Ags.- Desde el año 2006 la empresa concesionaria de agua potable en la capital, CAASA, adeuda al ayuntamiento alrededor de 80 millones de pesos luego de que desde esa fecha la empresa de origen francés ha incrementado la tarifa en 3.75% de manera arbitraria y sin ningún sustento legal.
Este incremento se ha venido aplicando tras la entrada en vigor del Impuesto sobre la Nómina (ISN) y ese ha sido el motivo de la concesionaria para aumentar sus tarifas, a pesar de que saben que no está validado en la ley, según indicaron fuentes al interior del municipio de Aguascalientes.
Al encontrar dicha anomalía, el Municipio de Aguascalientes intentó bajar la tarifa de agua en junio de este año, sin embargo el pasado 5 de septiembre fue publicado en el Periódico Oficial del Estado por parte de CCAPAMA el informe sobre dos amparos promovidos por CAASA contra el Municipio para evitar el decremento en las tarifas, uno de éstos con expediente 1114/2016 radicado al Juzgado Segundo de Distrito del Estado con el cual la concesionaria podrá seguir cobrando las tarifas como lo venía haciendo sin hacer el decremento retroactivo propuesto por la autoridad en tanto se resuelve el juicio de amparo.
Por lo anterior el ayuntamiento de Juan Antonio Martín del Campo pide que CAASA reintegre los 80 millones de pesos que se acumulan desde entonces o que en su caso se reponga con obras de rehabilitación de la red hidráulica con cargo a la empresa.
Sin embargo, sobre este tema el vocero de CAASA, Ignacio Macías Valadez, negó que el aumento en las tarifas se hayan dado de forma arbitraria, pues aseguró que todos los incrementos que se aplican en los recibos son autorizadas previamente por el municipio, por lo que conocían perfectamente la maniobra que estaba haciendo la compañía.
Así mismo se han iniciado por parte de la administración municipal más de 500 procedimientos en contra de CAASA por violar el título de concesión al exceder el plazo máximo de 8 días que se exige para reparación de fugas, obras y por no dar garantías a los quejosos, lo cual podría generar una sanción de alrededor de 36 millones de pesos.
El alcalde Antonio Martín del Campo confirmó acciones en contra de la concesionaria pero prefirió esperar para hablar del tema al señalar que preparará una rueda de prensa para hablar al respecto.