Redacción
Aguascalientes, Ags.- Con el objetivo de detectar casos extremos de maltrato animal y verificar las condiciones en las que se encuentran los animales de compañía que serán comercializados durante la próxima verbena abrileña y en los principales tianguis de la ciudad; la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente de manera conjunta con la Secretaría de Medio Ambiente Estatal, participarán en los operativos de inspección que efectuará el Municipio de Aguascalientes.
Lo anterior fue acordado durante la reunión de trabajo que sostuvo el titular de la PROESPA, Carlos Rodrigo Martín Clemente con los regidores Marly Carranza Ávila y Miguel Romo Reynoso, en la que participaron los responsables de las direcciones de Regulación Sanitaria y Mercados del Ayuntamiento de la capital.
Al respecto el titular de la PROESPA mencionó, que las instancias del sector ambiental perteneciente al Gobierno Estatal coadyuvarán en los operativos de regulación de venta de animales, en los cuales se verificará que las mascotas cuenten con los espacios adecuados y se les proporcione el alimento y cuidado correspondientes.
Lo anterior dijo, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Protección de los Animales del estado de Aguascalientes, “la legislación es muy clara y en la misma se estipula que está prohibida la venta de animales de compañía en la vía pública sin permiso, si cualquier persona quisiera vender alguna mascota en la calle debe de contar con la autorización que emite la Dirección de Mercados”, indicó el funcionario.
En ese sentido explicó, que los operativos de inspección iniciarán a partir del próximo 15 de abril en el perímetro ferial e incluirán además los tianguis ubicados en el barrio de la Purísima, Alfredo Lewis y en la colonia de San Felipe.
Martín Clemente señaló, que en los casos donde se detecte algún caso de maltrato animal, se decomisan las mascotas y se dejan a resguardo de alguna asociación protectora para que inicien el protocolo de identificación de un hogar temporal.
Al mismo tiempo se da inicio a un procedimiento administrativo en contra de las personas responsables a quienes se les impone una sanción que deben cubrir, concluyó el Procurador de Protección al Ambiente.