Redacción
Tras una maratónica sesión de más de diez horas, la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados, con el respaldo de Movimiento Ciudadano, aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El nuevo marco legal contempla la prohibición de propaganda extranjera, la creación de una nueva Comisión Reguladora, y medidas polémicas como la geolocalización de personas investigadas sin orden judicial y la exigencia de CURP con datos biométricos para contratar servicios de internet y telefonía.
Con 369 votos a favor, 103 en contra y tres abstenciones en lo general, y 343 votos a favor y 129 en contra en lo particular, la reforma fue enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El dictamen establece que concesionarios de radio, televisión o servicios restringidos no podrán transmitir propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos extranjeros, salvo en casos de promoción turística, cultural o deportiva. Además, se crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que sustituirá al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Uno de los puntos más cuestionados por la oposición es el artículo 183, que obliga a las empresas de telecomunicaciones a colaborar con las autoridades para localizar en tiempo real los dispositivos de personas investigadas. Esta medida, según el PRI y el PAN, carece de salvaguardas judiciales y vulnera derechos fundamentales.
“No estamos en contra de usar tecnología para combatir al crimen, pero no queremos una ley hecha a modo del poder del Estado, que trate a todos los mexicanos como presuntos culpables”, advirtió el priista Yerico Abramo.
Desde el PAN, el diputado Miguel Ángel Monraz acusó que la reforma “legaliza el espionaje” y busca consolidar un modelo autoritario. “Pasamos de un organismo autónomo a uno inventado por la presidenta. ¿Cuál autonomía? Esta ley es para vigilar cada paso de los ciudadanos y castigar a quien se atreva a levantar la voz”, dijo.
Pese a las críticas, la bancada de Movimiento Ciudadano defendió su voto a favor al asegurar que se realizaron más de 80 modificaciones al proyecto original, entre ellas la eliminación del artículo 109, que contemplaba el bloqueo temporal de plataformas digitales.
La nueva ley entrará en vigor una vez publicada en el DOF.