Clara Ramírez
Aguascalientes, Ags.- En problemas se encuentra el presidente municipal de Aguascalientes, Juan Antonio Martín del Campo, así como varios de sus colaboradores por no pagar una deuda que el ayuntamiento viene arrastrando desde hace cerca de 15 años con un ciudadano al que se le expropiaron sus terrenos para realizar una obra en Canal Interceptor.
La deuda asciende a los 30 millones de pesos debido a los costos que se han generado en el laudo desde entonces.
De acuerdo a la sentencia emitida por el Juzgado 2do de Distrito con número de expediente 2195/2015 en la que el afectado, JMGO Constructora e Inmobiliaria S.A. de C.V., pide al municipio de la capital le reintegre la cantidad correspondiente a los daños en su predio generados por la construcción de dicha vialidad.
De este modo, el primer requerimiento de pago se emitió en mayo de este año, pero en ese momento el ayuntamiento señaló que no disponía de la cantidad que exigía el demandante ya que prácticamente tenía destinado el presupuesto de egresos del presente año.
Por lo anterior, en agosto de 2016 el Tribunal volvió a ordenar al municipio para hacer el pago inmediato y lo conminó a solicitar al Congreso del Estado la ampliación del presupuesto de egresos para agregar la cantidad equivalente a la deuda que se tiene con JMGO Constructora e Inmobiliaria S.A. de C.V. y que pueda ser solventada a la brevedad.
En la misma resolución se apercibe al presidente municipal Juan Antonio Martín del Campo, al síndico procurador Rafael Ahmed Franco y al Secretario de Finanzas, Evaristo de la Torre, a ser destituidos de su cargo en caso de no cumplir con el pago de la deuda, al tiempo de que se les impone una sanción correspondiente a 100 días de salario mínimo.
Habrá que decir que el ayuntamiento de Aguascalientes decidió recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se efectúe una revisión de amparo del caso y que ésta sea la que determine si se aplican las sanciones para los funcionarios en turno.
Ante las anteriores resoluciones, el secretario del Ayuntamiento Manuel Cortina reconoció que al no tener recursos para pagar lo solicitado por el quejoso se podría llegar a la decisión de subastar propiedades del municipio capital para completar el pago de la indemnización.