Gilberto Valadez
Aguascalientes, Ags.- Desde el año 2000, Aguascalientes -población católica por excelencia- viene registrando casos documentados de abusos cometidos por representantes del clero en perjuicio de menores de edad.
Algunos de estos sucesos dieron pie a sentencias históricas en materia judicial, con penas superiores a los 30 años de cárcel a los responsables. Aunque también hubo quien fue liberado antes de tiempo y hasta retornó a la actividad clerical.
El más reciente suceso fue denunciado en la marcha feminista del pasado 8M, en contra de un sacerdote por abusos que aún están bajo investigación; pero que ya causaron la molestia del obispado por las preguntas de la prensa.
En Ciudad de los Niños
En los albores del nuevo siglo, durante el primer semestre del año 2000, fue documentado en la Ciudad de los Niños, orfanato con varios años de labor social en esta ciudad.
Por esas fechas, una psicóloga quien laboraba en el hospicio ubicado al sur de la ciudad presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de dos religiosos y una monja, por presuntos abusos contra una decena de menores.
Al poco tiempo fueron detenidos Sergio Zapata Piña y Jaime Gómez Urbina, ambos con cargo de prefectos en Ciudad de los Niños. Así como la monja María Esther Guevara, vinculada también a las acusaciones.
La acusación fue sustentada en juzgados y para el 5 de octubre de 2001, Guevara recibió una pena carcelaria por tres años y tres meses, debido a violación equiparada y corrupción contra ocho menores.
Asimismo, Zapata Piña recibió una sentencia similar por corrupción a otro menor de edad. La mayor sanción fue en contra de Gómez Urbina, con doce años de cárcel, en torno a violación equiparada y corrupción de menores en agravio de cuatro niños. Además, de una serie de multas económicas.
Sentencia histórica
Durante septiembre de 2020, en plena época de pandemia sanitaria, un sacerdote de la diócesis local recibió una sentencia carcelaria superior a las tres décadas de castigo.
Ese fue el caso de Flavio Ibarra Pedroza, a quien se le comprobó que obligaba a un menor de edad para que bebiera bebidas embriagantes y después aprovecharse para tocarle de manera inapropiada; de acuerdo a un informe presentado por la Fiscalía del Estado.
Los sucesos habrían ocurrido de manera continua entre los años de 2013 a 2017. Ante ello, Ibarra Pedroza fue sancionado por la justicia local con una pena de 32 años de prisión por violación y corrupción de menores.
El fallo se convirtió en la sanción carcelaria más alta que se ha aplicado en Aguascalientes contra un ministro de culto.
La defensa del obispo
Para comienzos de 2003, fue detenido el sacerdote Alejandro Cervantes Gallardo, quien realizaba labores en la parroquia de la Santa Cruz, del fraccionamiento Martínez Domínguez al sur de esta capital. El cura fue señalado por abusos reiterados al menos en contra de un menor.
A finales de año, el indiciado recibió sentencia por cuatro años de prisión. Pero la sanción no fue completada y para septiembre de 2006, Cervantes Gallardo quedó liberado.
Mas no solamente dejó la cárcel, sino que además se le permitió volver a oficiar el sacerdocio; aunque lejos de esa ciudad y fue enviado como párroco en el poblado de Matancillas, perteneciente al estado de Jalisco, pero integrado a la diócesis católica de Aguascalientes.
Cervantes tuvo entre sus defensores al entonces obispo de Aguascalientes, Ramón Godínez Flores, jerarca católico entre 1998 a 2007. El 24 de enero de 2003, Godínez Flores declaraba a los medios: “así como la madre defiende a su hijo, así debo yo defender al padre, hasta que se haga santo”.
El 25 de septiembre de 2006, el jerarca justificó que el cura volviese a oficiar sacramentos y misas, argumentando que no había quejas por parte de los feligreses de Matancillas.
Lo último que se supo públicamente de Cervantes Gallardo fue que se encontraba en un asilo de esta ciudad, según una nota publicada por el diario Milenio, en abril de 2010.
¿Por qué se fijan en este caso?
Durante la marcha del pasado sábado 8, con motivo del Día Internacional de la Mujer, se colocaron fotografías e imágenes en torno a presuntos abusadores sexuales. Entre estos, apareció el nombre del sacerdote católico Juan Antonio Ávila Salas.
El cura había sido denunciado de manera formal por dos madres de familia, que acusaron al religioso por supuestamente abusar de sus hijos, quienes apoyaban en calidad de monaguillos en un templo al norte de la ciudad.
La situación legal de Ávila Salas fue abordada por el obispo Juan Espinosa, quien encabeza la diócesis desde el 2022, quien no lo tomó de buena manera cuando fue entrevistado en días pasados.
¿Por qué no hablan de los 300 que están bien comprometidos y que hacen un montón de cosas bien?, nomás se fijan en este caso”, reclamó Espinosa a reporteros.
El caso aún está en investigación.