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La resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que ordena la separación funcional de Teléfonos de México (Telmex) y de Teléfonos del Noroeste (Telnor), no se fundó en un análisis exhaustivo de competencia y costo beneficio; además de que compromete la viabilidad financiera de la nueva empresa mayorista, y vulnera los derechos laborales de los trabajadores al poner en riesgo los fondos de pensiones.
Esas son algunas de las principales conclusiones del estudio La separación funcional de Telmex/Telnor: bases regulatorias e impactos económicos 2018, que encargó el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) a los despachos independientes Oxford Competition Economics y Mel Abogados.
El presidente Ejecutivo del primer despacho, Víctor Pavón, advirtió que otra consecuencia de este fallo del IFT será para los consumidores, ya que es previsible un deterioro en la calidad del servicio.
“Es que cuando empresa con el régimen tarifario en el cual actúa no es una empresa viable, va a ser obligada a empezar a hacer recortes de gastos, por ejemplo en mantenimiento e infraestructura y tarde o temprano se va a traducir en problemas de calidad del servicio. Esto podría generar que los servicios de la propia empresa regulada e incluso de las empresas que van a tener acceso a la red de Telmex, empiecen a tener deterioro de los servicios que prestan y esto evidentemente impacta a los consumidores”.
El experto en temas de competencia económica y regulación advirtió que la viabilidad financiera de la nueva empresa está comprometida, lo que tendrá efectos en los derechos laborales de los trabajadores, especialmente en el tema de las pensiones.
“Es una empresa que va a surgir con riesgos financieros importantes y que evidentemente esto va a tener impactos también en el ámbito laboral. Uno de los grandes temas que preocupa al propio sindicato es el de las pensiones, las jubilaciones. Recordemos que las tarifas van a impactar no solamente a la nueva empresa creada sino a los servicios mayoristas que van a quedar dentro de Telmex”.
El estudio analizó las separaciones funcionales de empresas de telecomunicaciones en España, Reino Unido, Italia, Australia y Nueva Zelanda. En el ámbito internacional, señala el texto, se trata de una medida extraordinaria, excepcional y de último recurso.
En el caso mexicano, no se agotaron todas las opciones de ahí que la nueva empresa nace con pocas perspectivas: “El régimen tarifario parece ser muy estricto de tal manera que parecer que en realidad la empresa mayorista que se va a crear va a surgir en un contexto donde probablemente no recupe todos los costos relevantes de la producción del servicio. Entonces hay riesgo de viabilidad financiera en el mediano y largo plazo de la empresa”.
El análisis concluye que el IFT tuvo a su alcance otros instrumentos regulatorios que hubieran permitido el acceso a la infraestructura de Telmex-Telnor bajo principios no discriminatorios, como equivalencia de insumos o separación contable por servicios.
“Es claro que el Instituto tiene las facultades para hacerlo pero creemos que faltó un poco más de estudio, más de información para que el propio regulador tomara una decisión de esta naturaleza. En el contexto europeo, cuando se toma este tipo de decisión, no es una sola entidad del gobierno el que toma la decisión, son varias. Incluso en un país como España tendría que pasar por la aprobación de la propia Comisión Europea, entonces hay varios filtros y estudios que se tienen que desarrollar para que se concluya que es efectivamente la medida apropiada”.