A medias en nuevo sistema de justicia penal en Aguascalientes

 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- De acuerdo al análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad, Aguascalientes se encuentra en un nivel Medio Alto respecto a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con un presupuesto de 84 millones 760 mil 537 pesos.

Con base en la medición, se ubica en un puntaje de entre 6 y 7.4 de un total de 10, lo que quiere decir que hay un avance medio con disparidad de algún eje y/o institución concreta.

El análisis señala que, “los recursos recibidos por la entidad se encuentran por debajo de la media nacional. Pese a recibir alrededor del 50 por ciento menos recursos que el resto de las entidades, logró un avance en la implementación del NSJP medio alto. Esto puede relacionarse con una disminución de la percepción de inseguridad y una estabilidad en la tasa de homicidios. Sin embargo, los medios de la región denotan problemas en la operatividad del sistema y en la capacitación de los operadores”.

Los datos que maneja dicho estudio que contempla a todos los Estados del país, corresponden al periodo 2012-2017. En el caso de los homicidios por cada 100 mil habitantes, detalla que la fuente de los datos fue el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y explica que en el 2012 y 2016 fueron 2; para el 2013, 2014 Y 2015 se registraron 3 y para el año 2017 se incrementó a 5.

Derivada de la consulta a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE), Aguascalientes ha pasado del 43 por ciento de personas que se sienten inseguras durante el 2015 y 2016 al 44 por ciento que se presentó en el 2017.

Algunos Estados que se encuentran en un nivel Alto y Óptimo, es decir, por arriba de Aguascalientes, son: Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.

¿En qué consiste el Nuevo Sistema de Justicia Penal?

El IMCO detalla que:

 

El 18 de junio de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma para el establecimiento de un nuevo sistema de justicia penal en el país.

 

Se propuso un sistema en el que se respetaran los derechos del ofendido y/o víctima, y del imputado, haciendo hincapié en la presunción de inocencia para este último, y en que se busca el fortalecimiento del debido proceso y el pleno respeto a los Derechos Humanos de todos los involucrados en una investigación o procedimiento penal.

 

Este sistema de justicia criminal se basa principalmente en:

 

  1. Un sistema de corte acusatorio-adversarial y oral, donde el juez decide de manera imparcial lo expuesto por los solicitantes, mediante una audiencia oral, pública y contradictoria.
  2. El uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos o justicia alternativa, para solucionar los problemas mediante el dialogo o conciliación entre las partes antes de llegar a un juicio (mientras menos conflictos denominados “menores o de baja cuantía” se ventilen ante el juez, la justicia será más eficaz).
  3. La posibilidad de que la víctima u ofendido de algún delito, pueda solicitar a un juez, el ejercicio de la acción penal, sin la intervención del Ministerio o Fiscal Público.
  4. La utilización de un procedimiento llamado abreviado, que se pueda dar cuando el inculpado reconozca, en presencia del juez y su defensor, los hechos delictivos que se le atribuyen, con el objeto de obtener una sentencia rápida y bajo determinados beneficios para el imputado.
  5. Hacer de la libertad del imputado durante el proceso penal, la regla general. Restringiendo así los casos en que puede imponerse la prisión preventiva como medida cautelar.
  6. Fortalecimiento de la investigación, al dotar a la policía de autonomía técnica y funcional para realizar la investigación de los delitos, bajo el mando y conducción del Ministerio Público. Buscando así una mejor comunicación y una investigación científica, objetiva y profesional.
  7. La creación de Jueces de Ejecución de Sentencias, mismos que revisarán las penas impuestas a los sentenciados y resolverán en un marco de legalidad, acerca de su modificación y duración, de acuerdo con la conducta y el grado de readaptación del reo.