Redacción
Ciudad de México.- De acuerdo con un reporte de Mexicanos contra la Corrupción, esta figura ha sido empleada por la administración de Andrés Manuel López Obrador en 78.2% de las contrataciones en los primeros 5 meses de 2020. El récord en este rubro es de 78% en 2019.
Aquí el reporte:
El año con más adjudicaciones directas en las contrataciones del gobierno sucedió en 2019, cuando 78.1% de los contratos públicos registrados en la plataforma COMPRANET se entregaron por esta vía. Sin embargo, las cifras de los primeros cinco meses de 2020 apuntan a que ese récord podría ser superado, ya que hasta este momento el 78.2% de las contrataciones se han entregado a través de adjudicaciones directas. De continuar con esta tendencia, este año podría convertirse en el punto con mayor uso de esta figura en una década.
En revisiones anteriores de las contrataciones públicas del gobierno, se había identificado con una llamativa diferencia de resultados entre las instituciones que actualmente tienen una justificación legal para acudir con mayor flexibilidad a las adjudicaciones directas debido a la crisis del coronavirus, como el IMSS, el ISSSTE, las Secretaría de Salud, Marina o Defensa, y el resto de la administración pública. Al separar a las instituciones encargadas directamente de atender la pandemia del resto de contrataciones públicas, resulta que el porcentaje de adjudicaciones directas es incluso superior a la del total del gobierno, ya que sube hasta 82.4%. Esto muestra que el uso y abuso de esta forma de contratación no es atribuible a las compras realizadas para atender la pandemia, sino que forma parte de una costumbre cultivada por todos los gobiernos, sin importar su color partidista.
En la lista de las 10 instituciones que más contratos entregan por vía de la adjudicación directa podemos verificar la intensidad con la que la figura es utilizada, pues no sólo son muchos los contratos dados por esta vía, sino que representan casi la totalidad de los procedimientos. Por ejemplo, de los 512 contratos registrados por parte de la Secretaría de la Función Pública hasta este momento, 494 han sido entregados por adjudicación directa, es decir, el 96.4%. La mayor parte de estos contratos de la SFP son para tener personal de apoyo a la dirección general o personal para realizar labores propias de la dependencia (lo cual es una práctica recurrente en muchas instituciones y explica por qué, a pesar de que el presidente asegura que no es así, habrá múltiples pérdidas de empleos al aplicar un recorte de 75% a los gastos operativos del gobierno, que son los que pagan esta clase de contratos).
Las adjudicaciones directas se mantienen como la regla en prácticamente toda la administración pública. En Fonatur Tren Maya, por ejemplo, el 92% de los contratos que han dado hasta lo que va de 2020 han sido entregados directamente, lo mismo sucede con el 70% de las compras hechas por la Guardia Nacional o el 78% de las del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
La obligación auto impuesta por este gobierno de eliminar las adjudicaciones directas, como se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo, cada día queda más lejos de ser cumplida y, peor aún, las cifras hasta lo que va de 2020 indican que, de seguir este camino, una vez más esta administración podría reclamar el récord de tener, por segunda ocasión consecutiva, la cifra más alta de adjudicaciones directas en toda la década.
El 12 de junio de 2020 Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) recibió una nota aclaratoria enviada por Fonatur Tren Maya a propósito de la investigación en camino al récord de las adjudicaciones directas, realizada por la Unidad de Investigación Aplicada que dirige su Presidenta Ejecutiva Ma. Amparo Casar. Ni en este caso ni en ningún otro, la Unidad hace una «editorialización facciosa». Está dedicada a producir estudios sobre fenómenos sistémicos basados en hechos y datos completamente verificables.
Fonatur Tren Maya señala que buscamos «tergiversar información para avanzar narrativas negativas sobre el ejercicio presupuestario del Gobierno de México» debido a que reportamos que el número de contratos que esta institución ha entregado por vía de la adjudicación directa durante 2020 es de 92% del total de contratos registrados por esta institución. Reiteramos la cifra: de acuerdo con los datos públicos de COMPRANET, el 92% de los contratos fueron entregados por adjudicación directa.
La respuesta enviada por las autoridades no contradice nuestros resultados, pues los datos ofrecidos por MCCI, NO se refieren a la construcción del Tren Maya sino al total de contratos registrados por Fonatur Tren Maya S.A. de C.V durante el año.
La nota aclaratoria indica que «dicha investigación no se sostiene en los hechos», que «la realidad es otra». Para ello presentaron una tabla con el total de contratos de Fonatur Tren Maya durante el ejercicio 2019-2020, en la que se reporta que, del total de 71 contratos, 70 habían sido entregados por vía de la adjudicación directa, es decir, el 90%; mientras que la licitación pública fue usada una sola vez. Resulta llamativo que señalen que Fonatur Tren Maya no debería mencionarse en un análisis sobre las adjudicaciones directas del Gobierno Federal cuando el 90% de sus contratos, de acuerdo con su propio documento y en concordancia con nuestros resultados, son dados por esa vía.
Pierden de vista que el objetivo de esta investigación particular no es analizar el proceso de construcción del Tren Maya, sino evidenciar que, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador estableció con claridad en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que su administración iba a «prohibir las adjudicaciones directas», prácticamente en toda la Administración Pública podemos observar el uso continuo de esta práctica.
Las cifras que nos presentan como aclaración no hacen más que confirmar nuestra preocupación sobre el ejercicio discrecional del poder. El gobierno se aleja cada vez más del compromiso de prohibir las adjudicaciones directas y del artículo 134 constitucional que establece a “las licitaciones públicas mediante convocatoria pública” como mecanismo primario y regular de asignación de contratos.
Entendemos que los montos y procedimientos de adjudicación directa pueden ajustarse individualmente a la ley, por lo que técnicamente no es ilegal utilizarlas, pero su uso y abuso abre ventanas de oportunidad a la corrupción. Por eso nos sumamos a la causa del Presidente y vigilamos de manera cercana la evolución y frecuencia de los mismos. en la administración pública. Desafortunadamente, su proliferación no es un fenómeno que indiquemos que sea propio de la construcción del Tren Maya (aunque sí de Fonatur Tren Maya) sino, tal vez de manera más preocupante, de una regularidad de toda la Administración Pública en su conjunto.
Con información de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad