Sin Embargo
Ciudad de México.– El comienzo del segundo tramo del Gobierno de Enrique Peña Nieto no traerá cambios circunstanciales para el país, mientras no se corrijan los problemas que han llevado a México a la crisis de Estado en la que se encuentra desde hace varias administraciones, auguró Edgardo Buscaglia, director del International Law and Economic Development Center e investigador principal en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos.
“Todo va a seguir igual: la violencia física se va a bajar en algunas regiones porque se consolida el Cártel de Sinaloa, y aumentará en otras porque otros cárteles le van a disputar territorio [al de Sinaloa]. Los delitos patrimoniales van a seguir aumentando el fraude, la extorsión, el tráfico de seres humanos, con o sin violencia física, esto va a seguir ocurriendo, lo que podríamos esperar es que no sucediera otro Ayotzinapa, pero mientras no se resuelva la crisis de Estado, van a seguir ocurriendo muchos ayotzinapas”, señaló el en entrevista con SinEmbargo el experto en temas de seguridad.
Desde su óptica, en el año que está por comenzar, el tema de la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, hace casi 15 meses, seguirá sin resolverse y a la larga se convertirá en un símbolo de que la administración del Presidente Enrique Peña Nieto “no puede dar resultados completos”.
“Este caso está en manos de gente que no quiere que se resuelva y mientras no exista un cambio de personas esto va a seguir igual”, expresó.
–¿Puede decirse que hay gobierno cuando existe, como lo dice, una crisis de Estado? Entonces, ¿quién gobierna México?
–Grupos de poder que capturan diferentes partes del Estado y gobiernan al Estado mexicano de manera fragmentada, la mano derecha nunca sabe lo que está haciendo la izquierda.
Aunque rechazó la que la creación de una comisión internacional en México –similar a la que opera en Guatemala– para investigar casos de corrupción e impunidad sea una posible solución para evitar que la crisis de Estado siga creciendo, sugirió la posibilidad de institucionalizar las auditorías ciudadanas como parte de la cultura democrática del país y como uno de los últimos recursos para enderezar en barco en lo que resta del sexenio.
LA AUDITORÍA CIUDADANA
El experto afirmó que las auditorías ciudadanas ya funcionan en más de mil 100 ciudades. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo
El experto afirmó que las auditorías ciudadanas ya funcionan en más de mil 100 ciudades. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo
Las llamadas auditorías ciudadanas se han convertido en una herramienta contra la corrupción y la impunidad en países como Chile, Argentina, Bolivia y Brasil, entre otros. Actualmente funcionan en más de mil 100 ciudades.
A partir de determinados métodos de investigación, permite a una comunidad autoevaluar y mejorar su vida democrática vinculando la política con la vida y con los problemas cotidianos de la gente. En Europa, las auditorías ciudadanas fueron el primer eslabón de una cadena que permitió desplazar a los partidos tradicionales en países en crisis como España –con Podemos- y Grecia– con Syriza.
“Una auditoría ciudadana no te va a permitir capturar a ‘El Chapo’, pero si te va a permitir evitar que futuros ‘chapos’ se escapen de prisión porque lograron corromper a los oficiales o al sistema, esto ha funcionado muy bien casi en todos los países democráticos en los que se han implementado”, señaló Buscaglia.
Una auditoría, por definición, contrasta datos de la realidad con ciertos parámetros o estándares a fin de examinar su grado de cumplimiento. Los integrantes de una comunidad y sus gobiernos se reúnen en asambleas ciudadanas para acordar cuáles son las metas, compararlas con la realidad y fijar compromisos para mejorarlas.
Por ejemplo, este tipo de auditorías permitiría establecer por qué “ocho de cada diez pesos en las campañas políticas tienen orígenes ilícitos”.
“No hay otras salidas. Hasta que México no pase del ‘forito’ o conferencia, a la auditoría, las cosas van a seguir igual. Muchos países ya hacen sus asambleas y nombra a sus representantes, a sus auditores a través de leyes de participación ciudadano que no son una ‘simulación mafiosa’, como la de la Ciudad de México, y se meten en el intercambio grueso y delgado de todos los municipios”, explicó Buscaglia.
Expresó que en México, “en teoría”, existe participación ciudadana, pero “está diseñada para que los “caciques sigan moviendo su red de amigos”; en el caso de la capital del país, consideró la necesidad de que la sociedad civil se organice para exigir reformas a la Ley de Participación Ciudadana para que la auditoría no se limite al 3 por ciento del presupuesto sino que se abra todo el presupuesto de la ciudad y así evitar que “Mancera [el Jefe de Gobierno] envíe el menú a la sociedad civil de lo que él quiere que auditen”.
Para establecer en México un auténtico proyecto de auditorías ciudadanas, explicó Buscaglia, sería necesario implementar un programa nacional financiado por alguna institución internacional para capacitar a redes de la sociedad civil mexicana: “Yo quería hacer un piloto en el DF porque me habían invitado a hacerlo, pero no me garantizaron una asamblea ciudadana legítima y eso que deberían ser los que más ponen el techito porque dicen que son los más progresistas”.
Señaló que si en México existiera un espíritu democrático en el Presidente, él mismo ya hubiera impulsado un proyecto de este tipo y lo hubiera bajado a los municipios, y no “como lo hizo Roberto Campa –actual subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación– hace unos años que lo bajo a los amigos y a las personas que consideraba afines”.
Sin embargo, consideró poco probable que en México se pueda establecer un mecanismo eficiente de auditorías ciudadanas, ya que “las élites están carcomidas por la corrupción política; nunca se autopurgan por cuestiones éticas, tienen que verse obligadas a hacerlo, la presión internacional, la presión de los estados y de la sociedad civil internacional, y la violencia que generaron a través de la corrupción, tiene que empezar a carcomerles la vida a ellos y a sus familias”.
No obstante, consideró que el no permitir la implementación de un sistema eficiente de auditorías ciudadanas, no es cuestión sólo del Gobierno federal o del partido en el poder, ya que no el PAN [Partido Acción Nacional], ni el PRD [Partido de la Revolución Democrática], ni Morena [Movimiento Regeneración Nacional] quieren verse obligados a vivir con una sociedad civil sentada en una dirección de servicios públicos de cada municipio.