Gilberto Valadez
Aguascalientes, Ags.- El martes 24 de abril de 2007, la capital del estado atravesaba por momentos de contrastes. Ya había comenzado la Feria Nacional de San Marcos y se preparaban los considerados días fuertes de la verbena, mientras que un sector de la población vivía el luto por el deceso de Ramón Godínez Flores, sexto obispo de la diócesis y que había fallecido el viernes anterior.
No obstante, aquel martes ocurrió un suceso del cual han transcurrido 15 años sin que haya sido debidamente aclarado. Un comando armado secuestró a un grupo de personas, de las cuales nunca se volvió a tener conocimiento.
Las dudas van desde las causas que motivaron el hecho, pasando por el número real de personas privadas, cuyas cifras han variado de seis a nueve, de quienes a la fecha se desconoce su paradero
Desde entonces, han transcurrido tres gobiernos estatales y desfilaron siete titulares de la Fiscalía del Estado, sin que ninguno haya aportado resultados concretos; mientras incluso algunos familiares de los desaparecidos tuvieron que mantener su propia lucha.
El inicio
El reporte oficial de lo ocurrido el 24 de abril de hace 15 años estableció que un grupo de 15 hombres armados arribó al antro ubicado al norte de la ciudad y se llevó a siete personas. Debido a que el antro se encontraba cerrado por la temporada de la Feria de San Marcos, el lugar estaba en etapa de remodelación; por lo que había personal de trabajos de albañilería.
Las siete personas secuestradas e identificadas plenamente fueron Johnny Rodríguez, Omar Rodríguez, Carlos Hermosillo, Francisco Javier Espinoza Almanza, Hugo Alberto López, además de los hermanos Felipe y Alfredo Rodríguez Zavala.
Este hecho derivó en un operativo de rescate que derivó en enfrentamientos armados y llegaría a territorio del estado de Zacatecas, donde un elemento de la Policía Ministerial perdió la vida.
Pronto se supo que la mayoría de quienes fueron privados de su libertad eran albañiles que laboraban en las obras de remodelación del antro. Mucho se dijo que el principal foco de atención de los sicarios habría sido el propietario del lugar, identificado como el Johnny Rodríguez.
Eran momentos de tensión para la seguridad del estado que gobernaba el panista Luis Armando Reynoso Femat, pues meses atrás ya comenzaban a registrarse hechos violentos como balaceras trágicas que ocasionaron la muerte de policías o el hallazgo de fosas clandestinas.
Fiscalía en cero
Cuatro días después del suceso en el Maverick, hubo una manifestación afuera de la Ministerial, por parte de los familiares afectados en demanda de respuestas y donde ya manejaron la cifra de ocho personas secuestradas. Esto generó una primera controversia en torno al número de desaparecidos, pues al día siguiente, el entonces fiscal Xavier González Fisher dijo que sólo tenía conocimiento de seis denuncias.
Al tiempo, comenzó a incrementarse la cifra de levantados, mencionándose en algunos medios que habrían sido nueve personas.
Pero González Fisher dejó el cargo el 27 de agosto de ese año, sin terminar el caso. Sus siguientes relevos para el resto del sexenio, Herberto Ortega y Edgardo Valdivia, tampoco ofrecieron respuestas concretas.
A finales de 2010, ya durante el gobierno del priista Carlos Lozano de la Torre, asumió la fiscalía Felipe Muñoz Vázquez, quien al tiempo sería objeto de acusaciones por supuestos casos de tortura.
En el tema concreto del Maverick, Muñoz Torres se refirió al hecho durante una entrevista el 6 de junio de 2013 y donde aseguró que los desaparecidos habrían sido ejecutados en el estado de Zacatecas.
El fiscal basó su informe en torno a declaraciones que habían emitido presuntos sicarios ya detenidos, aunque luego que la investigación seguía abierta.
La estafeta en el puesto fue asumida en 2015 por Oscar González Mendivil quien entró en controversia con agrupaciones de derechos humanos, luego que el fiscal dijo que la entidad sólo tenía 81 casos de personas desaparecidas, pero el Observatorio de Violencia Social y de Género le reviró informando de casos de 200 personas desaparecidas.
En 2017, ya en el gobierno del panista Martín Orozco, hubo un breve periodo de René Urrutia en la fiscalía, quien un año después dejó el cargo ante el nombramiento de Jesús Figueroa Ortega, que a la fecha permanece en el puesto.
“Que se vaya a descansar”
El 9 de mayo último, en una entrevista grupal, el fiscal Figueroa reiteró que el caso Maverick no se ha sido cerrado pero, según sus propias palabras, dijo que había encontrado “limitaciones”
“El primer factor ha sido el tiempo que ha pasado. Luego el lugar donde se llevó el acto de la privación libertad de estas personas que ya no existe y en tercero que muchas de las personas que pudiéramos pensar que tuvieran información ya no están disponibles”, precisó.
Mientras tanto, los familiares de las personas sin ser localizadas han mantenido la esperanza, llevando a cabo diversas protestas.
El 11 de septiembre de 2020, se realizó una manifestación afuera del edificio de la fiscalía local, en donde los deudos acusaron falta de interés por parte de las autoridades en cuanto a dar con el paradero de los trabajadores del Maverick.
Javier Espinosa Granados, padre del joven Francisco Javier Espinosa que tenía 17 años al momento de los hechos, cuestionó de manera abierta a Jesús Figueroa y en entrevista declaró “que el fiscal se vaya a descansar y que a su casa le lleguen las noticias”, subrayó.
El propio señor Espinosa Granados reveló en 2019 al programa radiofónico ‘Más allá de la noticia’ que incluso tuvo que mudarse de Aguascalientes, junto con su familia, debido a presuntas amenazas en su contra.
Mientras tanto, el fiscal Figueroa se volvió a referir al caso, el pasado 25 de agosto, ufanándose de que había nueva información. “Vamos trabajando, hoy tenemos un cateo de un caso que ha generado mucha desesperanza, que es el caso de Maverick y hoy tenemos ese cateo”, dijo en su momento.
Pero 15 años después, la justicia no ha llegado para los deudos.