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El proyecto del Tren Maya que ha impulsado el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, hasta el momento no cuenta con autorización de Manifestación de Impacto Ambiental ni Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, señaló el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano.
“Yo no tengo conocimiento de que se haya iniciado ningún tipo de obra […] cualquier obra que sea sujeta por ley a la presentación de una manifestación de impacto ambiental o de cambio de uso de suelo forestal, pues si no la tiene, tiene que entrar la autoridad competente, en este caso la Profepa para sancionar”, acusó el secretario.
Entrevistado después de participar en la presentación del libro “Parque Nacional Revillagigedo: Refugio de Gigantes” en el Universum, dijo que el proyecto del Tren Maya tendría que obtener una Manifestación de Impacto Ambiental de carácter regional, ya que involucra a diferentes entidades de la República Mexicana.
“Como cualquier obra creo que la ley es clara y la invitación para este tipo de proyectos o para cualquiera que se pretenda realizar en territorio nacional es que se cumplan las leyes ambientales”, advirtió.
Recordó que los plazos que establece la ley son de 60 días para evaluar una Manifestación de Impacto Ambiental, prorrogables a 120 días en caso de que se requieran estudios adicionales.
Durante el evento el titular de la Profepa, Guillermo Haro, advirtió que los temas ambientales deben ser una política de Estado, cercana a la gente, pero también apegada a la ley.
“No es opción menospreciar los compromisos internacionales de México en cambio climático, ni tampoco podar talento, si el propósito como todos deseamos es convertir a México en un frondoso bosque, no en un desierto agónico, cuidemos todos que las obras que se anuncian no comprometan la riqueza de nuestro capital natural, su protección, preservación y conservación es prioridad única, fundamental e impostergable”, dijo Haro.
Agregó que, en todos los niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, se deben tomar decisiones con base en hechos, datos y cifras, para poder generar políticas públicas adecuadas para la sociedad.