Mauricio Navarro
Aguascalientes, Ags.- El Órgano Superior de Fiscalización, mejor conocido como OSFAGS, es un organismo que sirve para vigilar que los recursos sean bien aplicados, es decir, con transparencia y enfocados al objetivo presupuestado, audita las cuentas de los entes públicos y ahora con la entrada el nuevo sistema estatal anticorrupción, podrá entregar directamente a la fiscalía o a las instancias judiciales correspondientes, los expedientes que señalen alguna posibilidad de desvío de recursos, lo que antes podía ocultarse o limitarse en las contralorías internas.
Aunque en México hay diversos mecanismos que buscan combatir la corrupción, se ha demostrado en más de una ocasión que no se trata de intenciones; a nivel local se puede citar el caso del ex gobernador Luis Armando Reynoso, que al margen de tratarse o no de un asunto político, hay denuncias e investigaciones formales en su contra, pero a pesar de ello se ha valido de artilugios legales para pasearse por la calle como cualquier otro, con la impunidad que las alianzas políticas pudieran darle.
Y ese es uno de tantos casos locales. Pero ese tipo de acuerdos no se dan solamente entre los pertenecientes al olimpo político, también sucede desde los niveles más bajos, por ejemplo, el caso del OSFAGS.
Los auditores son seleccionados por el titular de organismo, sin embargo, está atado de manos cuando desde hace varias legislaturas atrás hay una regla no escrita: un espacio para cada diputado, es decir, 27, de los cuales pueden darse directores, sub directores o jefes de departamento como un privilegio a los integrantes de la comisión de vigilancia.
Este secreto a voces no rompe ninguna ley, incluso en la máxima del derecho de que lo que no está prohibido está permitido, nuestros legisladores locales no están violando nada escrito, lo que violan está en el terreno de la ética del servicio público, en los principios de cada uno para poder realizar sus funciones.
La nómina del OSFAGS es de 87 personas, es decir, casi una tercera parte se reparte entre los diputados entrantes, con la justificación de que se les solicita un perfil adecuado para el desempeño del cargo. No hay convocatoria pública, tampoco concurso, mucho menos una selección del mejor perfil. Se apoderan de un organismo que los vigila, que analiza a los demás y que es capaz de iniciar procesos de inhabilitación o expedientes penales.
Por eso algunos sonríen, por eso otros quieren reelección, a algunos más no les interesa lo que pasa mientras creen tener el control.
Un sistema estatal anticorrupción con un fiscal que se puede remover o designar desde la oficina de la Fiscalía General, contralorías internas cooptadas por grupos políticos ligados a los partidos políticos, nombramientos en órganos ciudadanos que están vinculados directamente con líderes políticos, organismos vigilantes secuestrados por los propios vigilados.
Esa es la democracia que nos están planteando en el escenario de una opinión pública que solo es observadora; mientras esperamos que los indicadores económicos mejoren, porque eso es lo que a todos nos importa, mucho antes de saber si por culpa de alguien los fondos no llegan, las despensas se guardan o el dinero se va a bolsas particulares.
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