EXcelsior
CDMX.- La opinión pública nacional apoya la iniciativa presidencial para modificar la Constitución y el Código Civil nacional para que se reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo con iguales derechos que los matrimonios de parejas heterosexuales. Este apoyo a la iniciativa presidencial llega después de un radical cambio de actitudes al respecto en los últimos 16 años. También se respalda que se tomen medidas para combatir la discriminación por motivo de preferencias sexuales, pero todavía no se acepta mayoritariamente el derecho de las parejas homosexuales a adoptar hijos, según se observa en la más reciente encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior.
La mayoría de la población está de acuerdo con que se apruebe el matrimonio de parejas del mismo sexo a nivel nacional (65% está de acuerdo total o en parte). Por lo mismo, la iniciativa de reforma constitucional para que se equiparen los derechos de los matrimonios homosexuales con los heterosexuales es apoyada por dos tercios.
Comparado con lo que se pensaba en el año 2000, ha habido un cambio radical en la postura de la opinión pública nacional en el tema de la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Hace 16 años 62% se oponía totalmente a esa posibilidad, mientras que ahora 55% cree que esas uniones sí deben legalizarse con iguales derechos que los matrimonios heterosexuales. 18% sostiene que debe permitirse, pero con menos derechos que las parejas heterosexuales y ya sólo 25% se muestra contraria a cualquier legalización (gráfica 3).
Medianamente conocido ha sido este anuncio presidencial para establecer como derecho constitucional el matrimonio entre parejas del mismo sexo (54% sabe de este hecho). Menos enterada está la población de que la iniciativa también incluye el derecho de los matrimonios de personas del mismo sexo para adoptar hijos (36%) y el derecho de las personas transgénero para que se les expida una nueva acta de nacimiento que reconozca su identidad de género.
Se tiende a coincidir con que esta iniciativa de Peña Nieto es un primer paso que refleja avances hacia una sociedad más democrática de respeto a los derechos de todas las personas (45%). 19% cree que es un acto sin precedente para la igualdad de derechos de los homosexuales, lesbianas y personas transgénero. Sólo 25% la ve como una acción inadmisible porque afecta los valores morales de la familia (gráfica 4).
En general existe un clima más favorable a la igualdad de derechos de las personas y parejas homosexuales en relación con los derechos que gozan las personas heterosexuales. Ahora existe una clara mayoría en favor de que haya medidas para combatir la discriminación contra los homosexuales (86% de acuerdo, 10 puntos más que en marzo de 2010). Para 64%, la homosexualidad debe ser percibida como una forma siempre aceptable de vida (12 puntos que hace seis años).
No obstante, el único aspecto relevante en el que todavía prevalece el rechazo es el relativo al derecho a parejas del mismo sexo a adoptar. 54% no acepta esa posibilidad, oposición que, sin embargo, ha descendido significativamente, pues en agosto de 2010 era compartida por 75%.
La opinión pública no tiende a compartir la férrea oposición expresada por la Iglesia católica y otros grupos contrarios a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Se está en desacuerdo con que este tipo de uniones matrimoniales constituyan un pecado (63%) o que sea un ataque a la familia (58%). Se piensa que esa inconformidad refleja el sentir de los católicos más conservadores (62%) y no el de los católicos en general.