La Jornada
Yucatán.-Observaciones superiores a los 70 millones de pesos al gobierno de Rolando Zapata Bello en el ejercicio fiscal 2017 y por más de mil 220 millones a 96 municipios, de los cuales 39 están marcados como negativos, y el resto, 57, con salvedad, fue el resultado del proceso de fiscalización que la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) entregó a legisladores del Congreso del Estado desde hace más de un mes y comenzó su análisis por la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia.
De acuerdo con el informe de la Unidad de Vigilancia y Evaluación de la ASEY en poder de La Jornada Maya, la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) tuvo observaciones en su gasto público por el orden de los 74 millones de pesos, que junto con organismos operadores paramunicipales de agua potable, sumaron observaciones por 168 millones de pesos.
En el informe se puede apreciar que entre los ayuntamientos que tuvieron mayores inconsistencias al ser calificados como negativos se encuentran Kanasín con 114 millones, Oxkutzcab y Tekax con 60 millones cada uno, Motul con 43 millones, Hunucmá con 36 millones y Ticul con 30 millones de pesos.
Asimismo, se establece que los ayuntamientos de Dzidzantún, Mérida, Izamal, Quintana Roo, Santa Elena, Valladolid, Teya, Tixméhuac, Xocchel y Hoctún salieron limpios en el dictamen de la ASEY en la fiscalización correspondiente al 2017.
© Proporcionado por DEMOS Desarrollo de Medios El ex gobernador de Yucatán, Rolando Zapata (al centro), a su llegada a la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, el 8 de noviembre de 2017. Foto Cuartoscuro
El informe de la Unidad de Vigilancia y Evaluación (UVE) de la ASEY fue distribuido ayer a los legisladores pertenecientes a esa comisión, el cual generó una andanada de dudas al grado que solicitaron al auditor del estado, Mario Can Marín, que acuda el próximo lunes a explicar los fundamentos para esos dictámenes.
Las cuentas de Rolando
En el informe se precisa que fueron fiscalizados casi 70 entidades y dependencias del Ejecutivo estatal, de las cuales más de la mitad son señaladas con la etiqueta de salvedad, que según la ley corresponden a falta de documentación, que en caso de ser entregada, desvanecería el señalamiento o de lo contrario, pasaría a estatus de negativo.
En la tarjeta informativa de la UVE se especifica que dependencias como el Fondo de Aportación para la Seguridad Pública del Estado con 24 millones 843 mil pesos, la Universidad Tecnológica del Poniente con 8 millones de pesos, el Colegio de Bachilleres del Estado con siete millones 635 mil pesos, el Instituto del Deporte de Yucatán con seis millones 786 mil pesos y el Tecnológico de Progreso con tres millones 380 mil pesos, fueron las entidades o dependencias del entonces gobierno de Zapata Bello con mayores aportaciones.
Asimismo, señala como limpio a los Servicios de Salud Yucatán; sin embargo, existe un comentario en el informe donde se establece que existe una “denuncia por caso excepcional”, la cual se presume está relacionada con las querellas que el gobierno de Mauricio Vila Dosal presentó por millonarios faltantes descubiertos en el proceso de entrega-recepción.
Municipios en aprietos
En total fueron 39 municipios que fueron catalogados como negativos, muchos de ellos con alcaldes que repitieron en la presente administración, tales como el presidente municipal Alberto Padrón, de Hunucmá; de Oxktuzcab, Raúl Romero Chel; de Sucilá, Diego Lugo Interián; de Temax, Willy González, y Miguel Ángel May Vera, de Yobaín, que en suma presentan observaciones por parte de la ASEY de 136 millones 476 mil pesos.
El caso del presidente de Sucilá es particular pues solicitó licencia a su encargo para buscar ser presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) donde milita, a pesar de que tiene observaciones de su anterior administración por el orden de cinco millones 994 mil pesos de acuerdo con la auditoría practicada por la ASEY, cuyo estado es negativo.