Encarcelar a Rosario Robles no es hacer justicia

Encarcelar a Rosario Robles no es hacer justicia

The New York Times

Ciudad de México.- El martes 13 de agosto un juez en México ordenó el encarcelamiento de Rosario Robles Berlanga, quien estuvo al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. El motivo: su presunta participación en el caso de corrupción conocido como la Estafa Maestra, un mecanismo a través del cual el gobierno mexicano habría desviado millones de dólares entregados a universidades públicas para que estas, a su vez, lo mandaran a empresas fantasma que simularon los servicios contratados.

A simple vista, el proceso judicial contra la primera exfuncionaria de alto nivel del gobierno de Peña Nieto por este caso parece una buena noticia para el accidentado combate a la corrupción del país. Cuando le preguntaron sobre el tema al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió que estamos viviendo en un “auténtico Estado de derecho” y que ya no habrá impunidad.

Sin embargo, basta una revisión rápida del caso presentado contra Robles y a la forma en que se ha hecho justicia en México en los últimos años para advertir que estamos lejos de echar campanas al vuelo.

En México cometemos con frecuencia un error grave de percepción: se considera que encarcelar a una persona —incluso de forma preventiva— es sinónimo de hacer justicia. Jueces, fiscales y policías con los que platiqué durante un año para la investigación “Matar en México: impunidad garantizada” reconocieron que la prioridad era detener y recluir en prisión a un presunto culpable, aun cuando la investigación inicial no fuera sólida.

En 2017, el reportaje de la Estafa Maestra reveló, a partir de informes de 2013 y 2014 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que en México funcionaba un sistema de corrupción que había conseguido desviar más de 170 millones de dólares del erario público. Se trata de un sistema, porque no fue un caso aislado: el esquema se replicó en once secretarías distintas. Dos de las cuales estuvieron a cargo de Robles. Pero no fueron las únicas.

El fiscal general de la nación, Alejandro Gertz, dijo que el caso era un crimen de Estado, un fraude de gran escala que podría derivar en acusaciones por delincuencia organizada. Sin embargo, lo que vemos hoy en tribunales es una acusación relacionada con este esquema, pero centrada solamente en Robles. Y los fiscales no la señalaron de haber sido una participante activa del sistema fraudulento, sino de no haber hecho nada para detenerlo: ejercicio indebido de servicio público en la modalidad de omisión.

Es una omisión que sería atribuible a cualquiera de los otros titulares de las secretarías de Estado en las que pasó lo mismo. El exauditor general, Juan Manuel Portal, advirtió en una entrevista reciente que en su momento alertó a numerosos funcionarios y diputados de lo que ocurría, incluso al propio presidente Peña Nieto.

La detención de una exsecretaria no es un hecho común en México, aunque en el país ya hemos tenido a personajes de alto perfil encarcelados por hechos aislados de corrupción, como la exlideresa sindical Elba Esther Gordillo, quien pasó cinco años en prisión. Pero lo que no hemos tenido en México aún —como sí ha sucedido en otros países de la región con el caso Odebrecht— es una ofensiva legal que alcance a múltiples funcionarios implicados en un mismo sistema fraudulento. Y mucho menos a un expresidente.

Visto bajo la lupa, el caso que los fiscales enviaron a tribunales puede contribuir a una equivocación: parece como si la Estafa Maestra solo hubiera ocurrido en las dependencias encabezadas por Robles. Sería un error atribuirle al caso de Robles, judicialmente minúsculo y tan lejano a erradicar la corrupción sistémica y sistemática en México, el peso simbólico de la lucha anticorrupción en el gobierno de López Obrador.

El presidente mexicano ya comenzó a presentar como un avance contra la impunidad el que los delitos de corrupción se hayan tipificado como graves —lo que implica imponer prisión preventiva automática para las personas que sean señaladas de ese crimen, sin que se compruebe si son culpables o no—. Pero esa medida no es la respuesta: numerosos expertos han calificado esa medida como regresiva y poco efectiva, pues facilita el encarcelamiento sin condena.

El encarcelamiento de Robles despierta una preocupación adicional sobre el debido proceso: la exsecretaria se presentó voluntariamente en dos ocasiones a la audiencia a la que fue citada por un delito de los que coloquialmente se conocen como “no graves” y no ameritan prisión automática mientras se desarrolla el proceso legal. Su imposición sólo se justifica en caso de que se considere que la persona quiera fugarse o sea peligrosa. Robles canceló un viaje en el extranjero para volver a México y presentarse en tribunales, pero aun así los fiscales pidieron encarcelarla. Y el juez lo concedió.

El caso en contra de Robles no debe ser visto como el gran trofeo anticorrupción del gobierno de AMLO, debe ser solo el primer paso para, realmente, poner “fin a la impunidad”. La investigación periodística de la Estafa Maestra y las pesquisas de la ASF ya pusieron sobre la mesa los nombres de dependencias, empresas, universidades y personas involucradas. Así que solo falta voluntad judicial para que este sea el inicio para destrabar el sistema de corrupción que desvió tanto dinero público.

Para que eso suceda, la fiscalía debe reunir pruebas sólidas —y no se desmonte por fallas de procedimiento, como ha sucedido antes en México— en el caso contra Robles. También se debe proceder en contra de todos los implicados que ya se conocen, entre ellos, exfuncionarios de las once dependencias involucradas y no solo contra uno o dos.

También la fiscalía debe seguir la ruta del dinero desviado. Necesitamos saber qué pasó con todo ese dinero, no solo en el fraude en las dependencias de Robles. La autoridad tiene las herramientas para hacerlo. Y, sobre todo, se debe diseñar un ajuste legal para cerrar la válvula a este mecanismo y otros que tienen en común el uso de empresas fantasma para desviar recursos. El caso del exgobernador de Veracruz Javier Duarte y el de la Estafa Maestra son ejemplos bien documentados, pero son solo dos de muchos.

Aquí la nota: NY Times