Emite CNDH recomendación por tortura a la Fiscalía de Ags en tiempos de Felipe Muñoz

Emite CNDH recomendación por tortura a la Fiscalía de Ags en tiempos de Felipe Muñoz

La Jornada

Ciudad de México.- Personal de la Procuraduría General de Justicia de Aguascalientes –hoy fiscalía— incurrió en graves violaciones a los derechos humanos consistentes en aprehensiones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas detenidas y posteriormente recluidas Centros de Readaptación Social de la entidad. Entre las víctimas, hay tres mujeres que sufrieron violencia y tortura sexual.

Así lo acreditó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su Recomendación 17VG/2019 por violaciones graves a las garantías fundamentales, dirigida al fiscal general de la entidad, Jesús Figueroa Ortega.

La CNDH analizó 186 casos con quejas sobre estos hechos, suscitados entre marzo de 2011 y febrero de 2012, y tras sus indagatorias documentó que muchas de las víctimas fueron vulneradas en sus derechos básicos.

Tras analizar las pruebas del expediente de queja, el organismo nacional presidido por Luis Raúl González Pérez, acreditó violaciones a los derechos a la legalidad, seguridad jurídica y a la libertad personal por detención arbitraria en nueve casos; a la seguridad e integridad personal por tortura en 14; a la seguridad e integridad personal por tratos crueles, inhumanos y/o degradantes en dos; a la seguridad personal e integridad sexual por tortura y violencia sexual en tres (mujeres), y al derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración y a la verdad en 19 más, todas atribuibles a personal de la entonces Procuraduría estatal.

“A partir de los 186 casos que investigó la CNDH, con independencia de la comisión o no de algún delito, en diversas ocasiones la policía ministerial detuvo arbitrariamente a las víctimas y pretendió justificar su detención para proceder a la investigación de los delitos que se les imputaban. En la puesta a disposición se asentaba que al circular por las calles, los agentes ministeriales aseguraban a la persona y las ponían a disposición del Ministerio Público, (pero se omitió) poner la hora y en otras señalaban que se encontraban en cumplimiento de una orden de localización y presentación, la cual no fue mostrada en ningún momento”, advirtió el organismo.

En la mayoría de los casos, los detenidos eran trasladados a las instalaciones de la entonces Procuraduría de Justicia estatal, descrito como un espacio con características de gimnasio, llamado spa, donde se les ataba de manos y pies, se les colocaba sobre una llanta para golpearlos y realizarles todo tipo de vejaciones. En otras ocasiones, las violaciones a derechos humanos ocurrieron mientras se encontraban en arraigo. “El personal de la instancia de procuración de justicia les amenazaba con dañar a sus familias para que aceptaran su participación en diversos ilícitos”, sostuvo la CNDH.

Expertos del organismo revisó diferentes valoraciones médicas y aplicó los protocolos necesarios con lo que se concluyó que las víctimas presentaban diversas afectaciones físicas y psicológicas, esto llevó a que al menos una de esas personas intentara quitarse la vida. La CNDH documentó que los peritos médicos de la Procuraduría estatal emitieron en sus dictámenes las lesiones que presentaban las personas sin precisar las características ni la temporalidad de éstas, y en varias ocasiones referían que los detenidos estaban bien de salud.

También encontró que las personas fueron incomunicadas y no se les dio certeza de su situación jurídica. Las tres mujeres sometidas a tortura y violencia sexual fueron obligadas a declararse culpables de delitos e incluso, a una de ellas le obligaron a firmar una denuncia por violación para inculpar a un elemento policial.

En la Recomendación, la CNDH solicitó al Fiscal General de Aguascalientes que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en términos del artículo 88 de la Ley General de Víctimas, se repare integralmente el daño a quienes resultaron afectados, se les otorgue atención psicológica y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; además deberá colaborar en la denuncia que la CNDH presentará contra los agentes policiales y ministeriales involucrados, contra quienes permitieron dichas acciones y contra el personal médico que no realizó sus dictámenes conforme a la normatividad.