Ciudad de México.- Los gobiernos de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Puebla, Querétaro y Tabasco no repartieron en el último año el 80.6 por ciento de los métodos anticonceptivos que recibieron mediante dos contratos públicos. En consecuencia –refiere la Auditoría Superior de la Federación– impidieron el acceso de la población a servicios de salud sexual y reproductiva.

De acuerdo con cifras oficiales, los embarazos adolescentes no deseados persisten en estas entidades federativas, en donde en promedio dos de cada 10 mujeres menores de 20 años se vuelven madres. Inclusive, salvo en el caso de Tabasco (-4.4 por ciento), los embarazos de niñas de 10 a 14 años aumentaron entre 17 y 41 por ciento, en el periodo 2010-2016.

Estos estados que fueron señalados por la ASF tienen también un grave problema de violencia de género que alcanza niveles críticos: Hasta septiembre de 2018, Edomex era el estado con más feminicidios (70) a nivel nacional. La violencia feminicida también escaló en los estados de Guerrero (43), así como en Chihuahua (41).